El ELN pretendió darse aires de tribunal. El Frente de Guerra Oriental del grupo armado difundió hace poco un video que tituló "Juicio revolucionario", en el cual anunció públicamente que condenaba a dos miembros del CTI de la Fiscalía y a dos policías de la Dijín. La sentencia: cinco años más en cautiverio. Los guerrilleros fundamentaron su decisión en lo que llaman su "código de guerra", asegurando que por ello no aplicaban pena de muerte sino privación de la libertad.

Los cuatro funcionarios afectados son Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco del CTI, y Franki Esley Hoyos y Yordin Fabian Pérez de la Dijín. Llevan un año bajo el dominio del ELN en Arauca sin claridad alguna sobre cuándo podrían reunirse nuevamente con sus familias.

Para los analistas, este montaje judicial representa un desafío frontal contra el Estado. Julián Quintana, exdirector del CTI, fue directo en su crítica: "El ELN actúa como un Estado paralelo dentro de Colombia y eso no se puede permitir. Aquí el tema es que el ministro de Defensa ha maniatado a las Fuerzas Militares, realmente es que no están teniendo actuación".

El Gobierno no tardó en responder. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue categórico: "El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado, es una amenaza contra los colombianos". La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía también emitieron comunicados rechazando el acto, mientras la Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata de los cuatro secuestrados.

Iris Marín, defensora del Pueblo, fue enfática al respecto: "Ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento, sin embargo reitero el secuestro, la privación, la toma de rehenes, la privación arbitraria de la libertad es un delito".

Max Yuri Gil, director de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explica que este tipo de comportamientos responden a un patrón histórico. El grupo armado busca obtener reconocimiento político. Gil recordó el período 1998-2002, cuando las Farc secuestraban líderes políticos para canjes humanitarios, como ocurrió con Ingrid Betancourt o cuando secuestraron al gobernador de Antioquia.