Cuando parecía que el paso del tiempo podría diluir la gravedad de un secuestro, el Frente de Guerra Oriental del ELN decidió ir más allá. No solo mantiene encerrados a cuatro funcionarios públicos desde hace más de un año, sino que fabricó lo que llamó un "juicio revolucionario" para condenarlos. Es un movimiento que busca llenar de legitimidad lo que todos saben que es un delito grave.

Los cautivos son dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía: Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, a quienes les impusieron condenas de 60 y 55 meses respectivamente. Junto a ellos están los policías de la Dijin Frankie Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, condenados a 36 meses. En videos difundidos del supuesto procedimiento se ven dos miembros del grupo armado con el rostro cubierto por pañoletas, portando insignias del ELN.

Detrás de estas operaciones está William Ernesto Cruz López, alias Cendales, jefe militar del frente en Arauca. Según información de inteligencia, lleva más de dos décadas en el grupo armado y ha ordenado múltiples secuestros y crímenes en la región. Su captura tiene ofrecida una recompensa de hasta 500 millones de pesos. El poder que ejerce Cendales muestra la magnitud del Frente de Guerra Oriental, que despliega su influencia en Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía y Casanare, además de territorio venezolano.

Esta estructura cuenta con más de mil hombres en armas organizados en varias líneas de combate. En Arauca, su bastión principal, opera a través del Frente Domingo Laín Sáenz con 138 combatientes, y del Batallón Héroes y Mártires con 161. Cada compañía lleva nombres de caídos en combate, una práctica que el ELN utiliza para fortalecer su identidad interna.

Pero mientras el grupo guerrillero pretendía validar sus acciones con estos "juicios", la respuesta del Estado fue contundente. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General recordaron que "los únicos entes autorizados para juzgar a una persona son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado" en un país regido por la Constitución de 1991. Ambas entidades hicieron "un llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza".

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue aún más directa. "La libertad debería haber sido inmediata, el hecho de que hayan hecho una especie de juicio no lo valida", afirmó. Además pidió al Gobierno atención inmediata a las familias de los cautivos y ampliar los canales humanitarios para lograr su liberación. Por ahora, el ELN no ha respondido a la avalancha de críticas, y los diálogos de paz con el gobierno nacional permanecen suspendidos, dejando el panorama incierto.