El ELN salió a la luz pública para reconocer el atentado que hace unos días sacudió a Riohacha. A través de un comunicado distribuido en sus canales digitales, la guerrilla no solo asumió la responsabilidad del ataque contra el Batallón de Infantería Mecanizado N. 6, sino que intentó justificar lo injustificable: la violencia contra militares descansando. El Frente de Guerra Norte, bajo el comando de José Manuel Martínez Quiroz, fue quien firmó el pronunciamiento.

Los hechos son claros. En la madrugada del 27 de mayo, alrededor de las 00:20 horas, el grupo armado utilizó una volqueta acondicionada como rampa para lanzar 12 cilindros bomba contra el casino y las instalaciones de la base militar ubicada en el casco urbano de Riohacha. El resultado: 12 soldados heridos de gravedad y daños parciales en las estructuras físicas del batallón. El ELN aseguró en su panfleto que sus unidades "se replegaron sin novedades".

Lo que ha generado rechazo entre analistas políticos y mandos militares es que la guerrilla pretenda legitimar un ataque terrorista. Según el ELN, la acción fue respuesta al olvido institucional de La Guajira. En el comunicado afirmaron: "La Guajira es uno de los departamentos más golpeados por la violencia estatal y paramilitar, la corrupción y el extractivismo. En respuesta al saqueo, la humillación y la exclusión en que se encuentra la región, nos atribuimos el ataque. Las fuerzas militares y de policía se colocan al servicio de las transnacionales, de los corruptos y de los clanes politiqueros".

El ELN también arremetió contra las multinacionales minero-energéticas que operan en la zona, argumentando que la infraestructura vial y férrea solo beneficia a grandes capitalistas, mientras que las comunidades indígenas y locales quedan con "la contaminación, los socavones, el constreñimiento de su movilidad y las enfermedades". El grupo cerró su comunicado afirmando que nunca renunciará al "derecho de rebelión".

Desde el Gobierno Nacional llegó una respuesta contundente. El Ministerio de Defensa condenó lo que denominó una "acción cobarde" que violó principios humanitarios y sembró pánico en los barrios aledaños al cantón militar de Riohacha. Para las autoridades militares, no hay justificación posible para atacar a soldados en instalaciones civiles mientras descansan.