A menos de una semana de que los colombianos vuelvan a las urnas para elegir presidente, el Ejército de Liberación Nacional sorprendió con un anuncio que mezcla gestos políticos con la realidad de un conflicto que sigue dejando víctimas. La guerrilla ordenó a sus estructuras detener las operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante tres días: desde las 00:00 del 20 de junio hasta las 00:00 del 23 de junio. Con esto, la tregua cubre tanto el período previo a la votación como la jornada misma en la que los ciudadanos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Según el comunicado del ELN, la decisión responde a su "compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral". La organización armada agregó que "actúa de manera coherente en su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno" y aseguró no buscar impedir ni forzar participación alguna en las urnas. Se trata, dijeron, de una medida similar a las adoptadas en anteriores comicios.

El timing del anuncio es particular: ocurre mientras los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional permanecen en suspenso. El presidente Petro había iniciado conversaciones con esta guerrilla bajo su bandera de paz total, pero el proceso se detuvo tras lo que el Gobierno calificó como incumplimientos de compromisos. Ahora, con el cese unilateral, la guerrilla parece buscar una posición política diferente.

Pero el anuncio convive con una realidad incómoda: mientras el ELN habla de respeto electoral, mantiene secuestrados a funcionarios de la justicia. Este lunes informó que liberará al subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, retenidos desde julio de 2025. Serán entregados este martes 16 de junio a una comisión humanitaria y sus familias.

Sin embargo, el ELN se niega a soltar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturados en mayo en Fortul, Arauca. La guerrilla justificó las liberaciones parciales bajo lo que llama "pena cumplida" en su supuesto sistema de "justicia revolucionaria", mediante el cual dice imponer sanciones en los territorios donde opera.

Las instituciones del Estado respondieron con rechazo. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía recordaron que en Colombia la administración de justicia corresponde exclusivamente a los jueces y exigieron la liberación de los secuestrados "sin condicionamiento alguno". La Procuraduría también cuestionó estas acciones y pidió garantizar la libertad de todos los funcionarios retenidos. Organismos internacionales como la ONU han catalogado estos casos como privaciones arbitrarias de la libertad.