Colombia vive una oleada de protestas que comenzó el 9 de abril y que no es principalmente contra un nuevo sistema de información territorial. Lo que realmente molesta a campesinos, ganaderos y ciudadanos es el golpe que sienten en el bolsillo cuando llega el recibo del impuesto predial. En sectores de Boyacá occidental, por ejemplo, algunos propietarios enfrentan incrementos que rondan entre el 4.000% y el 9.000% en lo que deben pagar. Para entender qué pasó, es necesario separar dos conceptos que el Gobierno ha confundido: el avalúo catastral y el impuesto predial.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ordenó una actualización masiva de avalúos catastrales como parte de un catastro multipropósito. Esto es más que un simple inventario de propiedades. Es un sistema que mapea cada terreno en sus componentes físico, jurídico y económico, útil para planeación urbana, formalización de tierras y decisiones sobre cómo usar el suelo. El Gobierno tenía una meta ambiciosa en su Plan Nacional de Desarrollo: pasar de 9,4% a 70% del territorio con información catastral actualizada. Al cierre de 2024, se había alcanzado 26,8%, así que técnicamente el proyecto avanzaba. El problema es que el Congreso no aprobó la ley que debería haber acompañado este cambio.

En 2024, el Instituto Geográfico y el Ministerio de Hacienda presentaron un proyecto de ley que buscaba frenar el choque tributario. Proponía topes graduales al aumento del impuesto predial: desde 30% para propiedades modestas hasta 200% para las más valiosas. El proyecto aprobó el primer debate en la Cámara de Representantes, pero no prosperó. Quedó archivado. Esto dejó al país en una situación incómoda: tenía un nuevo sistema de avalúos pero sin las reglas legislativas que amortiguaran el impacto fiscal en los contribuyentes.

Según Luis Fernando Calderón, director del programa de contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, hay tres formas de deshacer este nudo. La primera es técnica: aclarar que avalúo no es lo mismo que impuesto. El IGAC ha advertido que un avalúo más alto no genera automáticamente un predial más alto, porque cada municipio define sus propias tarifas. Para predios rurales, existe un límite del 50% de aumento anual. Las viviendas de estratos 1 y 2 están protegidas con un límite atado al IPC (inflación).

La segunda salida es acelerar la revisión individual de avalúos. Cualquier dueño puede solicitar una corrección si considera que su avalúo no corresponde a la realidad del predio. El gestor catastral tiene tres meses para responder. Calderón sugiere que esta debería ser la ruta prioritaria: "revisión rápida, focalización de casos extremos y corrección predial, no solo defensa general de la metodología".

La tercera es política pública pura. No se trata de desmontar el sistema catastral, que el país necesita. Se trata de desacoplar la modernización catastral del golpe tributario inmediato. Esto implica que los municipios usen más activamente tarifas diferenciadas, pagos en cuotas y alivios transitorios. Sobre todo, el Congreso debe retomar una ley de transición tributaria estable. El problema actual, como lo resume el experto, es que "hay metodología, hay etapas y hay topes vigentes, pero no una solución legislativa definitiva que cierre la tensión entre actualización catastral y capacidad de pago". Mientras eso no suceda, la gradualidad será más una aspiración técnica que una realidad fiscal para quienes reciben esos recibos de predial que les parecen insostenibles.