En Colombia todavía se está cometiendo un error que le cuesta dinero innecesario a millones de personas. El impuesto del 4×1000, ese gravamen que se aplica a los movimientos de dinero en cuentas bancarias, sigue cobrándose en transacciones que la ley dice que deberían estar libres de ese pago desde hace más de dos años.

La Ley 2277 de 2022 vino a cambiar las reglas del juego. Eliminó esa obligación de tener una única cuenta exenta del impuesto y permitió que los clientes no paguen nada siempre que sus movimientos totales no pasen de 18,3 millones de pesos al mes, sin importar si tienen una, dos, diez o cien cuentas abiertas en diferentes bancos. Pero aquí está el quid del asunto: para que esto funcione, los bancos necesitan saber cuánta plata está moviendo cada cliente en todas sus cuentas.

Después de 501 días, eso sigue sin ocurrir. La industria financiera bautizó este problema como "Error 501", y la culpa no es de la ley sino de la ejecución. Lo que hace falta es un sistema que conecte a todas las entidades financieras para que puedan comunicarse entre sí en tiempo real y sumar todos los movimientos de una persona. Esa infraestructura tecnológica simplemente no está funcionando todavía, así que los usuarios siguen pagando impuesto cuando mueven su propio dinero de una cuenta a otra.

Nu Colombia y Colombia Fintech, dos actores importantes del ecosistema de pagos digital, han levantado la voz. "La tecnología para conectar nuestras plataformas ya existe; lo que falta es la voluntad de las entidades con mayor volumen para compartir información diaria y transparente", señaló Nu en un comunicado. Es decir, las herramientas existen, pero los bancos grandes aparentemente no quieren compartir datos, porque eso significaría cobrar menos impuestos.

El verdadero problema no es que falte hacer leyes nuevas. Colombia ya tiene la norma en el papel. Lo que hace falta es que alguien la ponga a funcionar. Según advierten desde la industria fintech, se necesita voluntad política y técnica para montar ese sistema de interoperabilidad que permita a los bancos hablar entre sí. Mientras eso no suceda, miles de colombianos seguirán pagando impuesto sobre dinero que, según la ley, no debería gravarse.