El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pasó la factura al presidente Gustavo Petro por sus cuestionamientos al sistema electoral colombiano. En un documento sobre medidas cautelares, la corporación desmanteló uno a uno los argumentos que el mandatario ha esgrimido para denunciar fraude en las elecciones de 2014, 2022 y las más recientes, demostrando que ninguna de esas afirmaciones se sostiene en la realidad.

Uno de los puntos centrales tiene que ver con el software de la Registraduría. Petro ha insistido en que no es confiable, sacando a relucir el caso del partido MIRA hace una década. Sin embargo, el Tribunal fue claro: aunque sí hubo irregularidades detectadas en los datos gracias a los registros del sistema, nunca se probó que existiera un plan fraudulento ni que el software tuviera fallas estructurales. El Tribunal recordó que "en la sentencia del Consejo de Estado de 8 de febrero de 2018 no se afirmó que el software de escrutinios hubiese sido afectado por deficiencias de seguridad o tenga vulnerabilidades de ese tipo ni que dicha circunstancia hubiese dado lugar a un fraude en los resultados".

Otra acusación que cae es la que sostiene que el Consejo de Estado obligó a cambiar el software. Petro lo ha repetido varias veces, pero no es cierto. Lo que pasó fue que el Consejo de Estado hizo una recomendación para fortalecer el sistema, no una orden compulsiva. El Tribunal fue tajante: "La disposición de la alta corporación fue un llamado o exhorto no una orden compulsiva". Petro mismo lo había sintetizado así: "En Colombia, el fraude electoral se hace quitando las credenciales de testigos electorales para que los partidos no puedan mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo, ahí es donde está el riesgo de fraude electoral". Pero esto tampoco se ajusta a los hechos.

Respecto a las elecciones al Senado de 2022, donde Petro denunció que votos del Pacto Histórico fueron sumados al Partido de la U, el Tribunal reconoció que hubo problemas en la transmisión de datos del preconteo. La diferencia es crucial: el sistema funcionó, detectó esos errores y los corrigió. Eso no es fraude, es que el mecanismo de control funcionó como debía.

En cuanto a las elecciones de 2026, el Tribunal se apoyó en informes de misiones internacionales y la Misión de Observación Electoral, que coincidieron en que el proceso fue transparente y confiable. "Considera el Tribunal que la jornada electoral adelantada el 8 de marzo de 2026, significó una constatación del buen funcionamiento de la Organización Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil".

El Tribunal también encontró que las denuncias que Petro dice haber hecho a otras entidades no tienen trazabilidad clara. Faltan documentos clave, no se sabe qué pasó con esas alertas y además no coinciden con lo que el mandatario publicó en redes sociales.

Más allá de desmontar cada argumento, el Tribunal le envió un mensaje más profundo al presidente. Le recordó que su cargo lo hace diferente a cualquier ciudadano y que, cuando habla de temas tan sensibles como las elecciones, tiene una responsabilidad aún mayor. Teniendo acceso a información oficial, debe verificarla antes de generar alarma. El Tribunal concluyó que "hay un deber de actuación del primer mandatario en el sentido de que su poder de moderación como jefe de Estado en el relacionamiento con los demás órganos y particularmente con la Organización Electoral se gobierne bajo el principio del funcionamiento armónico de los poderes y por el símbolo de unidad nacional que representa el alto funcionario".