El Salvador dio un paso que marca un quiebre profundo en su sistema de justicia penal. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que, a partir del 26 de abril de 2026, permitirá condenar a cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años acusados de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y ha desatado una tormenta de críticas internacionales.

La reforma no solo establece la posibilidad de cadena perpetua para los adolescentes, sino que también contempla la creación de tribunales especializados y revisiones periódicas de las condenas, considerando la edad del menor y la gravedad del delito. Esta decisión requirió modificar nada menos que la Constitución salvadoreña, que históricamente había priorizado la rehabilitación sobre el castigo permanente.

El endurecimiento penal se alinea con la estrategia de seguridad que el gobierno salvadoreño inició en 2022, cuando implementó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales para combatir las pandillas. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido detenidas en el país. El gobierno argumenta que estas medidas han logrado una reducción significativa de los homicidios y han recuperado la seguridad en las calles. Bukele ha justificado la reforma señalando que el sistema anterior permitía que menores involucrados en delitos graves actuaran "con impunidad".

Pero la reforma ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha cuestionado abiertamente estas disposiciones, argumentando que vulneran los derechos fundamentales de la niñez y rompen con principios que debían guiar la justicia juvenil. Los críticos advierten que El Salvador consolida así una política de "tolerancia cero" que desplaza completamente la idea de rehabilitación del sistema penal.