Colombia se alista para elegir presidente el 31 de mayo en primera vuelta, con posibilidad de segunda ronda el 21 de junio. En momentos tan delicados para la democracia, quien ocupa la presidencia tiene una responsabilidad elemental: mantenerse al margen y garantizar que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones. La Constitución es clara en este punto: el presidente debe gobernar para todos los colombianos, no convertirse en jefe de facción ni en una maquinaria electoral al servicio de su candidato preferido.

Según el columnista Bernardo Henao Jaramillo, esto es exactamente lo que no está ocurriendo. Gustavo Petro ha intervenido abierta y deliberadamente en el debate político, apoyando públicamente a Iván Cepeda y vulnerando, según el texto, los límites legales de su cargo. El Consejo de Estado ya le ordenó abstenerse de difundir propaganda electoral, pero el Presidente habría continuado participando en política, lo que constituiría un desacato a la justicia y un quebranto a la institucionalidad.

El columnista enfatiza que esta conducta no es un asunto menor. Un presidente que usa el aparato estatal para favorecer a su candidato preferido compromete la confianza ciudadana en el proceso electoral y envía un mensaje peligroso: que quien ocupa el poder está dispuesto a desobedecer a las autoridades cuando le conviene. Esa es una advertencia que va más allá de la campaña actual.

Henao Jaramillo también advierte sobre las consecuencias políticas de esta intervención. Un mandatario tan enfocado en asegurar su sucesión podría despertar justamente lo contrario en los electores: la necesidad de elegir a alguien con la independencia suficiente para revisar seriamente lo que ha ocurrido durante estos años de gobierno. Especialmente porque, señala el texto, Petro ya enfrenta un deterioro de su imagen internacional, incluyendo su inclusión en listas de sanciones estadounidenses.

El columnista es enfático: "A Petro hay que frenarlo institucionalmente, con la Constitución en la mano y la voz de la ciudadanía". Plantea que los órganos de control, la autoridad electoral y el Consejo de Estado deben actuar para garantizar que la elección se desarrolle sin la sombra de un presidente saliente manipulando el resultado. La democracia colombiana, dice, necesita garantías reales, no discursos.

El mensaje final es directo: un presidente no puede meter las manos en la campaña. Quien recibe el poder de los ciudadanos no es dueño del Estado ni puede usarlo para prolongar su influencia a través de la imposición de un sucesor. Eso que parece evidente en teoría, según Henao Jaramillo, es lo que está en riesgo ahora.