La tensión en el quinto piso del edificio principal del Banco de la República fue casi tangible. El ministro de Hacienda llegó retrasado a la sesión del martes pasado y, mientras sus colegas de la junta directiva presentaban sus argumentos de manera ordenada, su molestia fue transformándose en exasperación. Cuando quedó claro que cuatro de los siete miembros votarían por subir nuevamente las tasas de interés en un punto porcentual, la frustración del funcionario fue evidente.

Esta decisión significa que el costo que el Banco de la República cobra a los bancos por dinero temporal subió a 11,25 por ciento anual. En términos prácticos, eso eventualmente se sentirá en su bolsillo: créditos más caros, hipotecas más costosas y menos rendimiento en sus ahorros. Ávila leyó un texto previamente preparado donde habló de "micropoderes" dedicados a sabotear la agenda presidencial. Su principal crítica fue que la subida de tasas "afecta de manera sensible, grave y significativa los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación de la economía" y la calificó de "despropósito". Luego se retiró de la reunión antes de que esta terminara.

Lo que vino después escaló rápidamente. El Presidente Gustavo Petro atacó la decisión repetidamente en redes sociales con un tono sin precedentes. Una publicación especialmente provocadora mostraba una foto con la leyenda "el Banco de la República es de la oligarquía". El Gobierno pasó entonces a cuestionar la estructura constitucional del banco central, un tema típicamente reservado para economistas, convirtiéndolo de la noche a la mañana en bandera política.

El análisis que publica Portafolio sugiere que todo esto tiene más sabor electoral que técnico. El Presidente había expresado su inconformidad en redes antes de que siquiera comenzara la junta, y Ávila llevaba escrito su discurso. Los directores que votaron en minoría no fueron unánimes: uno prefería dejar quieta la tasa y dos votaban por reducirla medio punto. La mayoría argumentó que la inflación básica alcanzó 5,5 por ciento anual en febrero, y los analistas predicen que los precios subirán 6,3 por ciento antes de diciembre. Parte de esa aceleración viene del aumento de casi 24 por ciento en el salario mínimo que comenzó en enero.

La lógica económica tradicional dice que subir tasas modera el gasto y evita espirales inflacionarias descontroladas. Así lo han hecho bancos centrales en cinco continentes. El riesgo de hacer lo contrario está documentado: Turquía sufrió una crisis en los últimos años cuando su presidente presionó para bajar tasas contra toda lógica económica, lo que disparó la devaluación y la inflación. Colombia tiene problemas de finanzas públicas y endeudamiento creciente. Relajar la inflación beneficiaría principalmente al Gobierno, que debe dinero a tasa fija en pesos. Pero los perdedores serían los colombianos de a pie, quienes verían sus compras cada vez menos rendidoras.

La Constitución de 1991 otorgó al Banco autonomía técnica, administrativa y patrimonial precisamente para evitar que presiones políticas distorsionaran decisiones sobre dinero e inflación. Esos arquitectos constitucionales, entre ellos Carlos Ossa Escobar del M19, sabían que la credibilidad institucional es un activo valuoso. Un ministerio de Hacienda puede perder votaciones en la junta, como ha ocurrido numerosas veces en casi 35 años, pero nunca antes un Gobierno había cuestionado las reglas del juego de esta manera. Ávila se expone a sanciones disciplinarias por abandonar sus obligaciones en la junta directiva.

La coincidencia con las elecciones del 31 de mayo no es casual. Cualquier colombiano preferiría tasas bajas, pero como dice el dicho popular, lo barato sale caro. Lo que está en juego real aquí no es la decisión técnica de 100 puntos básicos. Es el intento de debilitar los contrapesos que sostienen la democracia.