El presidente Gustavo Petro ha intentado antes con ideas ambiciosas para resolver la energía del país. Hace poco mencionó traer gas desde Panamá usando infraestructura eléctrica, lo que generó polémica porque simplemente no existen redes que conecten a los dos países ni Panamá tiene ese combustible disponible. Ahora, enfrentado a la urgencia de garantizar el abastecimiento, el Gobierno regresa a una propuesta que suena más próxima: importar gas desde Venezuela. Se vende como cercana, viable y casi inmediata. Pero cuando se mira de cerca, la idea se desmorona.

Sarah Moya Machado, exgerente de Pdvsa Gas Natural Colombia, ha hablado sin rodeos sobre el asunto. Según advierte, no existe hoy la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente venezolano hasta Maracaibo, que sería el paso previo para cualquier conexión con Colombia. Es decir, la solución ni siquiera tiene un punto de partida operativo. A esto se suma otro problema grave: el gasoducto Antonio Ricaurte, que durante años fue presentado como símbolo de integración energética, hoy es más un monumento al abandono que una herramienta funcional. Del lado colombiano requiere reparaciones, y del lado venezolano, inversiones que no asoman en el horizonte inmediato.

Pero hay algo aún más incómodo que los problemas técnicos: el historial. La relación energética con Venezuela ya dejó un rastro de deudas, incumplimientos y obras inconclusas que todavía generan desconfianza. La reaparición de Moya en esta discusión no solo revive la pregunta técnica, sino la más importante: ¿qué ha cambiado realmente para pensar que esta vez será distinto?

La Guajira, nuevamente, queda en el centro de esta historia. Durante años se le prometió desarrollo energético, inversiones y estabilidad en el servicio. Hoy, frente a un proyecto que aún no supera su fase conceptual, el riesgo es repetir el mismo patrón: expectativas altas, resultados inciertos, y comunidades que cargan con la decepción.

Nadie discute que Colombia necesita diversificar sus fuentes de gas ni que la integración regional puede funcionar. Lo cuestionable es presentar como inminente una solución que requiere reconstruir infraestructura, resolver conflictos financieros y garantizar estabilidad política en dos países simultáneamente. Es como vender un carro que aún está en proyecto.

Una burbuja se ve sólida y atractiva desde lejos, pero sin aire suficiente no se eleva: estalla. En materia energética, el costo de ese estallido no es teórico; se traduce en tarifas, en confiabilidad del servicio y en la credibilidad de las instituciones. Colombia no necesita anuncios que inflen expectativas. Necesita certezas. Y por ahora, el gas desde Venezuela está lejos de ser una.