La industria petrolera colombiana atraviesa momentos difíciles, principalmente por las políticas del gobierno de Gustavo Petro, quien ha dejado clara su oposición al sector. En su Plan Nacional de Desarrollo estableció que "no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos", y en noviembre de 2023 fue más lejos al firmar en la COP 28 el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a "cero exploración nueva" y "cero proyecto de explotación nueva en el mundo".

El gobierno justifica estas decisiones con la idea de que el mundo está abandonando el petróleo, pero los números cuentan otra historia. En 2023, el consumo mundial de petróleo superó por primera vez la barrera de 100 millones de barriles diarios, llegó a 103 millones en 2024 y se estima que alcanzará 105 millones en 2025, según la Agencia Internacional de Energía. Aunque existe un consenso internacional sobre transitar hacia energías limpias, Colombia enfrenta una realidad diferente a la de países importadores de crudo: dependemos de extraerlo y exportarlo, lo que requiere una estrategia de transición energética propia y diferenciada.

Los efectos de estas políticas ya se ven en números concretos. El número de taladros activos en Colombia se redujo entre 27% y 30% entre 2023 y 2024, mientras que los pozos exploratorios cayeron 33% en 2024. El sector de Minas y Canteras contrajo 5% en 2024 y 10% en el primer trimestre de 2025. Las reservas de petróleo siguen en caída libre, al tiempo que la producción se mantiene modesta.

La inversión extranjera directa (IED) ha sido golpeada duramente. En los últimos dos años experimentó una caída histórica del 30.5%, con una reducción de 14% solo en 2025. Lo más preocupante es que la inversión en el sector minero-energético, que concentra el 75.8% de toda la IED, se desplomó 26.7%. Como consecuencia, este sector pasó de representar el 5.9% del PIB hace una década a solo el 3.5% actualmente.

Estos resultados no son casualidad. El gobierno ha implementado una serie de medidas fiscales contra el sector: la reforma tributaria de 2022 añadió sobretasas de 10% a 15%, eliminó beneficios como la deducibilidad de regalías y amplió el impuesto al carbono. Posteriormente impuso un gravamen del 1% sobre extracción y venta de hidrocarburos con la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo. Además, a través del Decreto 572 de 2025 adelantó el pago de autorretención en la fuente y aumentó su porcentaje de 5.6% a 7%, afectando la liquidez de las empresas. Con la declaratoria de emergencia económica en diciembre de 2025, el gobierno impuso nuevamente el impuesto especial del 1% a la extracción y venta de petróleo, justamente cuando los precios internacionales están cayendo.

También pesan las decisiones sobre Ecopetrol, como la renuncia a la adquisición del 30% del proyecto Oslo en el Permian, una decisión tomada bajo presión presidencial por razones que el gobierno considera ideológicas. La preocupación crece con la proximidad de cambios en la Junta Directiva de la empresa en marzo, cuando se espera la llegada de nuevos miembros alineados con las directrices del presidente Petro.