Fue en la madrugada de un domingo cuando Diana Ospina subió a un taxi después de pasar la noche en un bar de Chapinero. Lo que parecía un viaje de regreso a casa se convirtió en una pesadilla de horas. Dos hombres subieron al vehículo, la retuvieron contra su voluntad, la obligaron a recorrer distintos puntos de Bogotá y la forzaron a vaciar sus cuentas bancarias. Casi dos días después, cuando la encontraron en la vía hacia Choachí, Diana al menos pudo contarlo. Otros no tuvieron la misma suerte.

Neil Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, desapareció el 15 de enero de este año cuando salía de una clínica hacia su casa. Después de que sus cuentas bancarias fueron vaciadas, su cuerpo apareció incinerado en zona rural de Usme. Su esposa, Denis Alfaro, se despidió con una súplica que refleja el dolor de muchas familias: "Por favor, que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más".

Estos casos no son aislados. En 2025 se reportaron 40 casos de paseo millonario en Bogotá, lo que representa un aumento de 400 por ciento frente a los ocho registrados en 2024. Chapinero, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón concentran la mayoría de estos delitos. Chapinero destaca porque sus bares y zonas de rumba ofrecen a los criminales un catálogo fácil de víctimas potenciales, especialmente personas que salen de establecimientos nocturnos con dinero y sin acompañamiento.

Los delincuentes detrás de estos crímenes operan de dos formas: algunos actúan sin mucha planeación, aprovechando una oportunidad que se les presenta. Otros integran organizaciones más sofisticadas con vehículos coordinados y roles bien definidos entre quienes conducen, intimidan y extraen dinero de las víctimas. A finales de 2025, las autoridades distritales anunciaron un cambio que presentaron como la solución: pasarían a tipificar el paseo millonario como secuestro extorsivo en lugar de hurto agravado, lo que conlleva penas de hasta 42 años.

La teoría parecía sólida. Según el investigador Andrés Macías del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, se buscaba que "los delincuentes vieran o asumieran un mayor riesgo al cometer esos delitos porque ya no era un hurto común y corriente". Pero aquí está el problema: elevar las penas sin garantizar castigo no intimida a nadie. Si el criminal sabe que hay impunidad, una sentencia de 42 años sigue siendo apenas un riesgo teórico. Además, la Policía reporta 38 casos mientras la Secretaría de Seguridad habla de 40, lo que revela una desarticulación peligrosa entre instituciones. Como señala Macías, quienes toman decisiones deben saber con exactitud de dónde provienen las cifras para diseñar estrategias reales.

El cuadro se vuelve aún más sombrío cuando se consideran los casos no denunciados. Víctimas que no reportan por miedo a represalias, desconfianza institucional, vergüenza social o simple escepticismo sobre si las autoridades harán algo. En redes sociales, personas que enfrentaron este crimen hace uno o dos años finalmente se animan a contarlo. Un usuario identificado como Chris Ortiz escribió: "Me hicieron el paseo millonario y me cambio la vida. Pasó hace un año, pero no me sentía listo para contarlo en redes sociales". La cifra real de casos es mucho más alta que la oficial.

El exsecretario de Seguridad Daniel Mejía ofrece una lectura diferente: gran parte del aumento podría reflejar simplemente un conteo más honesto. "Antes del 2024-2025, la policía y la fiscalía estaban tipificando estos casos como hurto agravado. La Secretaría de Seguridad tomó la decisión de que esto no podía llamarse hurto agravado sino que tenía que tipificarse como secuestro. Y, por ese cambio, donde empiezan realmente a llamar las cosas por su nombre, es que se ve ese pico", explica.

Ambas lecturas podrían ser ciertas: tal vez parte del aumento refleja una contabilidad más rigurosa, pero también es posible que el delito esté creciendo de verdad y volviéndose más violento. Lo cierto es que ninguna de las dos explicaciones toca lo fundamental: mientras los delincuentes sigan sin enfrentar consecuencias reales por sus actos, las leyes seguirán siendo letra muerta y las víctimas seguirán pidiendo justicia en el vacío.