El sistema de salud colombiano que recibirá el próximo gobierno es un desastre. Deudas enormes, desconfianza total, caos administrativo y pacientes esperando meses para recibir atención resumen el panorama que heredará Abelardo de la Espriella cuando llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Es quizás el sector más crítico que deja la administración Petro, porque a diferencia de otros problemas, este toca directamente la vida de todos los colombianos.

Conscientes de la magnitud del reto, el equipo programático en salud del nuevo gobierno convocó la semana pasada a más de 30 organizaciones: gremios de pacientes, sociedades científicas, aseguradoras, prestadores de servicios y laboratorios. El objetivo era escuchar qué tan grande debe ser la solución que necesita el sistema. En esa reunión, coordinada por Iván Sánchez y llevada a cabo por Juan Diego Álvarez y Marcela Montealegre, el equipo de De la Espriella planteó un plan de choque de 90 días que inyectaría 10 billones de pesos. El periodista de El Colombiano habló con tres líderes de organizaciones de pacientes que asistieron a ese encuentro: Néstor Álvarez de Pacientes de Alto Costo, Denis Silva de Pacientes Colombia y Nicolás García de la Fundación Retorno Vital.

Los tres reconocen que la reunión les dejó buenas sensaciones sobre participación futura y sobre reparar la confianza entre los actores del sistema. Para Álvarez, lo importante fue pasar de la intención a la realidad de "abrir un lugar participativo", el cual "es importante para que se mantenga abierto el espacio". El equipo de transición planteó un "choque jurídico y financiero y de relaciones públicas para estabilizar el sistema con los actores", según contó. También dijeron que en los primeros meses no presentarían una reforma al sistema, sino que tenían listos borradores de decretos y resoluciones para atacar los problemas.

Silva destacó que vio compromiso real de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre la unidad de pago por capitación, conocida como UPC. Esto es lo que el Estado le entrega a las EPS para atender a sus usuarios. El tribunal determinó que esos recursos no alcanzan y ordenó reajustarlos, pero el gobierno anterior incumplió. El nuevo equipo también anunció que instalaría un puesto de mando unificado desde el primer día para enfocarse en talento humano, medicamentos y servicios. García agregó que el plan incluye cambiar a los interventores de las EPS bajo control gubernamental y caracterizar a cada aseguradora según las necesidades específicas de sus usuarios.

El plan tiene cuatro ejes. El primero es solucionar la crisis humanitaria identificando qué enfermedades tienen más prevalencia entre los colombianos. El segundo es el financiero: literalmente meter "gasolina" al sistema mientras buscan nuevas fuentes de presupuesto. El tercero es conciliar las cuentas para saber exactamente cuánto se debe y a quién, además de acatar la orden sobre la UPC. El cuarto es transparencia: la Nueva EPS debe revelar sus estados financieros desde 2023 en adelante, que estaban ocultos, y usar esa información para recalcular mejor la UPC.

Pero hay un pero grande: nadie en la reunión dejó claro de dónde saldrán los 10 billones. Silva lo dijo sin rodeos: "hay buena intención", pero "no veo claro de dónde van a sacar los 10 billones para el plan de choque". Agregó que "tendrán que buscar presupuesto dentro del ministerio, pero no creo que Petro vaya a dejar plata sin ejecutar". Álvarez fue más directo aún: tendrán que "mirar qué plata hay y de dónde la van a sacar" y "buscar el camino más claro", pero aclaró que no le parece viable hacerlo en 90 días. Según Álvarez, están evaluando si suben la UPC para darle liquidez al sistema y "estudiando muy bien en qué marco legal se van a mover para no cometer errores, cuidarse jurídicamente y así evitar que les pongan palos en la rueda desde la oposición".