Un proyecto gigante vuelve a despertar demonios del pasado en México. El gobierno acaba de anunciar la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México, pero el anuncio no fue bienvenido en todos lados. En realidad, desencadenó protestas casi inmediatas en los pueblos que ya ganaron una batalla similar hace más de una década.

Lo que hace esta historia particularmente incómoda para el presidente Enrique Peña Nieto es su propio historial. Cuando él era gobernador del Estado de México en 2006, autorizó una operación policial brutal en San Salvador Atenco que dejó un saldo de 26 mujeres abusadas sexualmente y varios detenidos torturados, según documentaron organismos internacionales de derechos humanos. Todo esto ocurrió durante un conflicto relacionado con ese mismo territorio donde ahora quieren construir el aeropuerto.

El actual aeropuerto Benito Juárez de la capital lleva más de 20 años operando al límite de su capacidad. Por eso hace años que el gobierno busca expandir la infraestructura aérea. En 2001 lo intentó el presidente Vicente Fox, quien dictó un decreto para expropiar casi 6.000 hectáreas en la zona del antiguo Lago de Texcoco. Los campesinos y ganaderos de la región rechazaron la indemnización ofrecida: apenas 7,20 pesos por metro cuadrado. Promovieron juicios legales y protestas que ganaron, y el proyecto fue cancelado a mediados de 2002.

Ahora el gobierno asegura que las cosas serán diferentes. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, afirma que esta vez no necesitarán expropiar nada porque el terreno ya pertenece al gobierno federal. "No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse", declaró. Sin embargo, esto no ha calmado los ánimos en Atenco. María Trinidad Ramírez, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, insiste: "La tierra es nuestra que ellos quieren para el aeropuerto, por eso estamos de nuevo en las calles. No se los vamos a permitir".

Los vecinos reclaman que el terreno se obtuvo de forma irregular y que el proyecto transformará radicalmente la vida en esas comunidades campesinas. Mientras las autoridades dicen que todo está legal y que los pobladores están de acuerdo, los mismos activistas que ganaron en 2002 se preparan para una nueva batalla. "Vamos a dar la lucha como la hemos dado desde 2001", promete Ramírez. El fantasma de 2006 flota sobre estas negociaciones, haciendo que el tema sea particularmente sensible para el gobierno.