Un personaje que ha dominado los titulares de seguridad en Colombia durante tres décadas vuelve a estar en el centro de la polémica. Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias 'El Montañero', es el jefe de la organización criminal 'El Mesa' y ha pasado por la cárcel cuatro veces acumulando sentencias por homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad en documentos públicos y porte ilegal de armas. Lo llamativo es que pese a su largo historial delictivo, siempre ha encontrado la manera de salir a la calle sin cumplir sus penas completas. El episodio más reciente, que generó indignación entre autoridades, ocurrió cuando el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía General decidieron suspenderle una orden de captura que estaba a punto de ejecutarse, argumentando su rol como vocero de paz de las bandas del Valle de Aburrá.

Según reportó El Colombiano, 'El Montañero' ha operado bajo varios nombres en los registros judiciales: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Esto se debería, aparentemente, a contactos corruptos en registradurías y notarías. Su primer procesamiento data de 1998 por tentativa de homicidio y hurto agravado, delito del cual se fugó dos años después de la cárcel de San Quintín, el 7 de octubre del 2000. De ahí en adelante, su vida ha sido un constante vaivén entre capturas y libertades.

Uno de sus operativos más recordados ocurrió el 3 de noviembre de 2003 en Bogotá. La banda 'El Mesa' asaltó un camión de valores de la empresa Wackenhut en el barrio Las Flores, buscando un botín de 1.000 millones de pesos. Armados con fusiles, el robo derivó en tiroteo con la Sijín. Un asaltante murió, pero también falleció el intendente Jesús Merchán Rodríguez. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá condenó a 'El Montañero' a 26 años y ocho meses por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De esa condena, solo cumplió nueve años en prisión antes de ser puesto en libertad condicional en Copacabana, Antioquia, en 2013.

Retomó el liderazgo de 'El Mesa' y fue capturado nuevamente el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas, siendo condenado a ocho años de cárcel. Sin embargo, una vez más se benefició: apenas estuvo recluido cuatro años y cinco meses antes de ser liberado el 14 de marzo de 2024. En esa ocasión, su salida se vinculó al proyecto de 'Paz total' del gobierno Petro, en el cual fue incluido como uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá en una mesa de diálogos sociojurídicos en la cárcel de Itagüí.

Lo que causó la más reciente tormenta mediática fue que la Fiscalía expidió una resolución suspendiendo su orden de captura por un homicidio cometido el 21 de marzo de 2020 en la cárcel de Cómbita, Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias 'Titi', un cabecilla rival asesinado con arma blanca durante una riña. 'El Montañero' era el principal sospechoso, y ya existía una orden de captura en 2025. Pero la medida de la Fiscalía lo protegió, siendo el único de los voceros de paz que tenía esa orden vigente.

La paradoja que genera molestia llegó esta semana cuando las autoridades anunciaron la captura de 23 miembros de la banda 'El Mesa' en Bogotá, entre ellos ocho sicarios. Mientras sus subordinados caían, el jefe permanecía libre. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no ocultó su frustración: "Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país", expresó. Agregó que "el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo sino que es peligrosa e irresponsable".

La banda 'El Mesa' ha crecido exponencialmente desde sus inicios como un grupo de atracadores del barrio del mismo nombre en Bello. Hoy cuenta con aproximadamente 400 integrantes distribuidos en redes criminales que operan en Medellín, el Oriente y Norte de Antioquia, Bogotá, Soacha y Boyacá. El caso de 'El Montañero' refleja una tensión incómoda en el país: mientras se intenta dialogar con actores del crimen organizado buscando paz, ciudadanos e instituciones cuestionan si estos diálogos realmente generan seguridad o simplemente premian con impunidad a quienes han cometido los crímenes más graves.