Cuando estamos cerca del final del gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Salud ha decidido crear lo que sus comunicadores llaman "el Detector de Mentiras, un espacio para pasar del rumor al dato". Pero la realidad es otra: según una investigación de EL COLOMBIANO, esta iniciativa en redes sociales termina haciendo exactamente lo que dice combatir.

Desde finales de 2025, el ministerio comenzó a publicar videos en X e Instagram donde una periodista de su oficina de comunicaciones desmentía críticas sobre la gestión en salud. El material cuenta con aprobación de los viceministros Jaime Urrego o Luis Alberto Martínez. Los temas principales han sido los proyectos de reforma presentados al Congreso, la crisis de la Nueva EPS y el aumento de tutelas por vulneración al derecho a la salud. Todo suena bien en teoría, pero los casos concretos revelan otro panorama.

En noviembre pasado, el ministerio respondió al informe de la Defensoría del Pueblo llamado "Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados". Allí dijo que esa realidad "no existe" y que "es fabricada". Para sostenerlo, el ministerio mencionó "conflictos de intereses" de actores del sistema, pero nunca presentó datos que lo probaran. Peor aún, cuando citó un recorte de prensa del periódico El Tiempo, resultó que lo que reproducían era un comunicado de prensa emitido por ellos mismos el 10 de noviembre. Sobre el tema de medicamentos de alto costo, afirmaron que "hoy más colombianos acceden a tratamientos complejos que antes eran un privilegio de pocos", pero sin números que lo respaldaran.

Un segundo caso ocurrió el 21 de febrero, cuando el ministerio intentó defender a la Nueva EPS diciendo que "no corresponde a los hechos" que su crisis "empezó ahora". Responsabilizaban de todo a los exdirectivos procesados por alterar estados financieros entre 2019 y 2022. Pero ignoraban datos preocupantes: desde que la intervinieron en abril de 2024, Nueva EPS no ha presentado estados financieros; en 2025 concentró el 12,6 por ciento de todas las tutelas en salud; y entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se desafiliaron 228.000 personas, una cifra que expertos consideran anormal.

El 24 de marzo pasado tocó el turno a las tutelas. El ministerio afirmó que el aumento de estas no era "un fenómeno reciente ni exclusivo" del gobierno Petro, para ello mencionó que en 2019 hubo 620.257 tutelas "la cifra más alta hasta la fecha". El problema es que esa cifra incluye tutelas de todos los derechos, no solo salud. Las cifras reales de tutelas totales subieron de 462.199 en 2021 a 633.704 en 2022, 742.920 en 2023, 912.614 en 2024 y 923.397 en 2025. En ese último año, salud fue el derecho que más aumentó en tutelas con 312.567, y la tasa de tutelas por cada 100.000 afiliados creció en un 57 por ciento entre 2023 y 2025, según cálculos del médico Andrés Salcedo.

El más reciente video data del 31 de marzo. Allí acusaron al Congreso de "bloquear" las reformas al sistema y favorecer "el saqueo de los recursos". Aseguraron que no se pudieron debatir, pero lo cierto es que se discutieron dos veces en la Cámara de Representantes con votaciones que duraron hasta doce horas. Tanto fuera como dentro del Congreso, organizaciones de pacientes y expertos advirtieron que lo propuesto por el Gobierno eliminaría el modelo de aseguramiento que ha permitido cobertura universal, terminaría con la libertad de elección e impondría más burocracia. Aunque la reforma no pasó legislativamente, Petro ha intentado implementarla por decretos y resoluciones, algunos ya detenidos por los jueces.

Lo irónico es que mientras el ministerio crea este "detector", circulan afirmaciones como la que publicó el propio presidente Petro en X, diciendo que "la mayoría de las personas que murieron de covid murieron en sus casas y no fueron tratadas". Según el Dane, solo 7.066 muertes por covid ocurrieron en domicilio, es decir, el 7 por ciento del total. De estas, 4.814 fueron confirmadas y 2.252 sospechosas. Una cifra muy distinta a lo que sugería el presidente.