Con menos de dos semanas para el plazo que estableció la Corte Constitucional, el Ministerio de la Igualdad ya está preparando su propio funeral. Una circular interna ordenó un cronograma detallado para entregar información, equipos y responsabilidades. Pero dentro de la misma entidad ya nadie cree que el Congreso logre salvar el barco a tiempo. La realidad es que aunque existe una iniciativa legislativa que podría corregir los defectos señalados por la Corte, las divisiones políticas, la falta de voluntad y el poco tiempo que resta en la legislatura han hecho que todo sea prácticamente imposible.

El presidente Gustavo Petro selló el destino cuando giró una directiva ordenando a varias entidades del Gobierno que comenzaran el desmontaje. En el documento reconoció que "la continuidad del ministerio se vio comprometida por la imposibilidad de culminar oportunamente el trámite legislativo requerido para subsanar las observaciones hechas por el alto tribunal". Todo viene de la Sentencia C-161 de 2024, en la que la Corte dejó sin efectos la ley que creó el ministerio porque fue aprobada sin el respaldo fiscal exigido.

El plan es claro y rápido. Las dependencias deben terminar sus actividades e informar antes del 17 de junio. Un día después reorganizarán cada área administrativamente. El 19 de junio devolverán equipos y muebles. Antes del 20 de junio, todo habrá desaparecido. También ordenaron juntar información sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Paz, documentación que servirá para la eventual liquidación.

Lo preocupante está en quién paga el costo humano. Unos 580 trabajadores, incluyendo funcionarios en las regiones, ni siquiera saben qué pasará con sus empleos. El sindicato SintraIgualdad ha advertido que no existe un decreto formal de liquidación ni hay claridad sobre reubicación o desvinculación. Desde la organización sindical pidieron hablar con el presidente, señalando que tienen una "firme decisión de defender la continuidad del Ministerio. La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas". También denunciaron que "no se ha tenido en cuenta a la organización sindical en la toma de decisiones ni en la realización de acuerdos. Asimismo, se vienen negando los permisos sindicales, lo cual constituye una práctica que impide el ejercicio legítimo de nuestras actividades y derechos laborales".

El gobierno intenta que los programas del ministerio no desaparezcan del todo. Los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto con Función Pública y Prosperidad Social, tendrán que asumir los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados. Dichas carteras diseñarán los decretos necesarios para repartir funciones e intentarán conservar parte del personal. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acompañará todo el proceso, buscando reducir los litigios que sin duda llegarán, especialmente por reclamaciones laborales.