Lo que prometía ser la brújula del Gobierno para llegar a los olvidados se convirtió en una pesadilla administrativa. El Ministerio de la Igualdad cierra sus puertas después de apenas tres años, dejando un rastro de conflictos políticos, acusaciones graves y un desempeño financiero que muchos calificarían de catastrófico.

Todo comenzó con buena intención el 4 de enero de 2023 cuando Petro sancionó la ley en Itsmina, Chocó. El mandatario declaró con convicción que los grupos marginados tendrían finalmente "una priorización" en este nuevo ministerio. Pero incluso ese primer evento fue de mal agüero: el presidente llegó seis horas tarde. Francia Márquez, quien asumiría la cartera como vicepresidenta, tuvo que sostener la ceremonia mientras esperaba. "Esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional y aquí está su vicepresidenta, poniendo la cara", dijo entonces, palabras que marcarían el inicio de un quiebre político que terminaría con su destitución.

El golpe jurídico llegó meses después. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el ministerio por vicios en el trámite legislativo y por no realizar un análisis correcto de su impacto fiscal. Era la primera estocada seria a un proyecto que ya se tambalea. Lo que seguiría fue peor. Cuando Petro destituyó a Márquez en febrero de 2025 tras pedirle renuncia protocolaria a todos sus ministros, ella le expresó a The Guardian: "Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados, que trabajaron y trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito". En declaraciones públicas, Márquez acusó que no la "dejaron gobernar" y que el Estado era racista.

La cartera se convirtió en un carrusel de ministros problemáticos. Carlos Rosero duró apenas seis meses y describió su paso como "una experiencia vertiginosa". Su reemplazo, Juan Carlos Florián, desató polémica al romper la cuota de género que exige el Ejecutivo. Una maniobra posterior para reincorporarlo fue considerada por sectores LGBTIQ+ como "burla". Mientras tanto, se destaparon escándalos de corrupción: Juliana Guerrero fue imputada por fraude procesal tras irregularidades en su hoja de vida; Támara Ospina enfrenta procesos disciplinarios por acusaciones de acoso laboral de más de una decena de funcionarios; y Axcan Duque renunció tras revelarse que envió fotos desnudo a una funcionaria.

La sangría financiera fue quizás lo más grave. En cuatro años, el ministerio ejecutó apenas el 8,8% de su presupuesto. La senadora Paloma Valencia denunció que de 9 proyectos en 2025, cuatro no llegaron ni al 1% de ejecución. Pero hay más: de 2,8 billones de pesos que manejó la cartera, 2,1 billones fueron transferidos a un "fondo paralelo" cuyos resultados permanecen en la oscuridad. Valencia documentó contrataciones de más de 3.300 personas a través de empresas de servicios temporales, pero sin comprobación de resultados en el Secop ni recibos de varias transacciones.

El 12 de junio, Petro envió cartas a los funcionarios agradeciendo sus servicios e iniciando la liquidación. El sindicato del ministerio pidió conversar con el presidente para continuar el proyecto: "La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas". Pero el espacio no llegará. El Ejecutivo ordenó devolver equipos y trasladó las funciones a otros ministerios: Interior, Hacienda, Justicia, Función Pública y Prosperidad Social diseñarán decretos para repartir entre ellos lo que fue un ministerio que nunca logró consolidarse.