Germán Vargas Lleras construyó una trayectoria política que comenzó desde lo local. Fue concejal de Bojacá en Cundinamarca, luego de Bogotá entre 1992 y 1998, llegó al Senado en 1998 y ocupó tres cargos claves bajo el gobierno de Juan Manuel Santos: ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República. Como nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y líder natural de Cambio Radical, nunca dejó de hablar con la franqueza que lo caracterizaba, incluso cuando su salud lo alejó de la vida pública en los últimos años.

Durante el gobierno Petro, Vargas Lleras mantuvo una voz crítica constante a través de sus columnas en EL COLOMBIANO y sus últimas entrevistas. Sus análisis se distinguieron por combinar argumentos sólidos con datos concretos, como correspondía a un estadista de su envergadura. En su última entrevista advirtió que "el Gobierno quiere hacerse con la Registraduría. Hay que ver la guerra que le desató al doctor Hernán Penagos, actual registrador", una preocupación que resultó profética meses después.

En su columna titulada A cuchillo en Palacio, denunció lo que veía como un patrón preocupante: "nunca habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias". En otra columna de enero de este año titulada A la venezolana, señaló que "la estrategia del señor Petro es calcada de la Venezuela chavista" y criticó medidas como el incremento del salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica.

Vargas Lleras también sonó la alarma sobre el colapso del sistema de salud. Escribió que "de todos los males que trajo el gobierno del Cambio, el desmantelamiento del sistema de salud ha sido el peor, puesto que sus efectos se miden en vidas y por lo tanto son irremediables. En 2025, con reforma legal o sin ella, el sistema colapsará definitivamente". Complementó su análisis con cifras que reflejaban la gravedad: "3 de cada 4 colombianos se encuentran afiliados a una entidad intervenida o con solicitud de retiro voluntario, 29,1 millones están en las 8 EPS controladas por la Supersalud, y en todas estas el servicio se ha deteriorado considerablemente. Los últimos reportes sobre la siniestralidad en el sistema muestran que las EPS intervenidas no han equilibrado la operación y siguen en franco deterioro, presentando siniestralidades entre el 101 y el 125%".

Sobre el Estado de derecho, Vargas Lleras fue contundente. Acusó a Petro de "atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones" y señaló que "ninguna decisión se respeta, ni las del Consejo de Estado, ni las de la Corte Constitucional ni las de los tribunales, tampoco las decisiones de la Procuraduría o de la Contraloría, mucho menos de la Defensoría. Los magistrados dictan providencias, ordenan medidas, fijan plazos, y el Gobierno responde con maniobras dilatorias, excusas administrativas y en muchos casos con amenazas y acusaciones de golpes blandos". Denunció además que lo que Petro presentó como respeto a la Constitución fue "una farsa, un engaño", confirmado con la presentación de un proyecto de constituyente.

En cuanto a la política de paz total, Vargas Lleras expresó preocupación porque la Fuerza Pública estaba "maniatada por el propio Gobierno" y advirtió que "los secuestros, las extorsiones y ataques a la infraestructura se dispararon". Apenas horas antes de su muerte, el presidente Petro suspendió las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, una decisión a la que Vargas Lleras sin duda se habría opuesto vehementemente.

Su legado también incluye momentos históricos como su debate de control político del 2 de octubre de 2001 contra la zona de distensión del Caguán. En esa intervención, según registró El Tiempo, denunció que bajo esa área desmilitarizada que otorgó Andrés Pastrana permanecían retenidas 132 personas, había indicios de 17 asesinadas, y que las hectáreas de coca habían aumentado de 10.200 a 13.500 kilómetros cuadrados. Ese debate contribuyó a crear presión pública que desembocó en la victoria electoral de Álvaro Uribe Vélez meses después.