La historia de Zulma Guzmán Castro en los juzgados británicos parece estar escrita en cámara lenta. Desde que fue capturada en Londres, después de ser rescatada del río Támesis en lo que se presume fue un intento de evadir a la justicia, el proceso de extradición no ha fluido como se esperaría para un caso tan grave. La empresaria colombiana enfrenta acusaciones de haber enviado frambuesas impregnadas con talio a dos niñas en Bogotá, pero las ruedas de la justicia inglesa giran con una lentitud que desespera a las autoridades colombianas.

Al principio, los abogados defensores de Guzmán Castro hicieron lo que hacen los abogados en estos casos: interpusieron una serie de recursos legales para frenar el proceso. Esa estrategia inicial funcionó, alargando los tiempos mientras se resolvían las solicitudes ante las autoridades británicas. Sin embargo, con el paso de los meses, el panorama cambió de manera significativa. Ahora, según fuentes del proceso, la demora ya no viene de la defensa sino del mismo engranaje judicial británico, que exige una revisión exhaustiva de cada expediente antes de decidir si entrega o no a una persona requerida por otro país.

El avance más reciente ocurrió el 9 de febrero, cuando Guzmán compareció por apenas seis minutos de forma virtual desde la cárcel HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster. En esa audiencia quedó confirmado que permanecerá detenida mientras avanza el trámite y que, como se rehúsa a aceptar voluntariamente su traslado a Colombia, su caso seguirá el camino más largo y complicado: un juicio completo sin jurado donde un magistrado revisará todas las pruebas y argumentos.

El Tribunal de Londres ya trazó un calendario que prácticamente garantiza que nada sucederá antes de 2026. Primero habrá una audiencia sobre la legalidad de su detención, luego la entrega formal de pruebas por parte de la Fiscalía británica, después los argumentos de la defensa buscando frenar la extradición, y finalmente audiencias de seguimiento en septiembre y octubre. La audiencia decisiva está fijada entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026, cuando se estudiará de fondo todo el caso. Y eso es solo si no hay sorpresas: si la defensa decide interponer apelaciones o recursos adicionales dentro del Reino Unido, el proceso podría extenderse varios meses más.

Los expertos dicen que un proceso de extradición, en condiciones normales, puede tardar hasta seis meses. Pero en el caso de Guzmán confluyen varios factores que explican esta dilatación extrema: la gravedad de los hechos imputados, su negativa a aceptar voluntariamente la extradición y las garantías judiciales del sistema británico, que privilegia un análisis minucioso antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Consciente de esta demora, el Ministerio de Justicia colombiano acaba de pedirle a la Cancillería que envíe una carta al Reino Unido explicando la urgencia del caso. El argumento es claro: mientras pasan los meses en Londres, existe el riesgo de que en Colombia el caso termine prescribiendo y quedando impune. La Fiscalía espera que, una vez Guzmán llegue al país, pueda imputarle cargos formalmente y presentar las pruebas de su hipótesis sobre el envenenamiento. Dependiendo de cómo callifiquen los hechos, podría enfrentar cargos de feminicidio u homicidio agravado, con penas que superarían los 50 años de prisión. Mientras tanto, ella permanece detenida en el Reino Unido, a la espera de que los calendarios judiciales británicos terminen de avanzar.