Esta semana las carreteras de cuatro departamentos se llenaron de familias con machetes y banderas. No era rabia de momento ni politiquería. Era el clamor de seis días de campesinos diciendo lo mismo: no nos quiten lo único que tenemos. El paro nacional contra el aumento del impuesto predial tiene un origen que muchos ignoran desde las ciudades: recibir un papel que no se sabe cómo pagar.

Aquí está el punto que la mayoría de los analistas que hablan desde el escritorio no quiere entender. Cuando un campesino de Lebrija o de cualquier municipio de Boyacá recibe una liquidación predial que saltó de un año para el siguiente de forma desproporcionada, literalmente no tiene dónde sacar ese dinero. No tiene bono navideño. No tiene inversiones. Tiene una parcela, unas matas de café o de cacao, y sus propias manos para trabajarlas. Eso es todo. Y cuando el Estado le dice que ahora tiene que pagar el doble o el triple porque su tierra 'vale más' según modelos técnicos calculados en oficinas de Bogotá, mientras su cosecha genera los mismos pesos de siempre, eso no es justa tributación: es matemática de despojo.

La actualización del catastro no es el problema. Claro que el Estado necesita información actualizada sobre quién posee qué. Pero hay una diferencia enorme entre modernizar un sistema y convertirlo en un instrumento para expulsar a la gente de sus tierras. Cuando los avalúos suben de repente pero el ingreso del campesino que la trabaja se queda quieto, la política fiscal deja de ser una herramienta justa y se vuelve absurda.

Lo que pasó en las vías no fue una capricho. Fue el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Y la solución tampoco pasa por una reunión urgente con el ministro del Interior que termine en un comunicado de tres líneas. Lo que este país necesita es una política predial con rostro humano. Si el Gobierno dice que una finca vale más, ese aumento no puede caerle encima a una familia de un día para otro. Tiene que ser gradual, al ritmo lento con el que crece una mata de café, con tiempo para que el campesino se prepare.

Hay algo más que duele. El campesino que vive en su única parcela, la abuela que la heredó, la familia que logró volver a su tierra después de años de desplazamiento: ninguno de ellos debería tener que sufrir en una oficina lejana demostrando pobreza para recibir un alivio que debería llegar solo, automático, como un simple reconocimiento de que el Estado sabe quiénes son y dónde viven.

La tierra en Colombia viene cargada de historia: sangre, despojo, dolor. Por eso cuando el Estado le pone un precio que el campesino no puede pagar, no está haciendo fiscalidad como cualquier otra. Está repitiendo, con sellos y papeles en lugar de botas, una historia muy antigua y muy dolorosa. Cobrar impuestos es legítimo. Pero quitarle al que casi nada tiene para engrosar las arcas de quien ya tiene todo, eso nunca lo será.