Las finanzas públicas del país tienen un problema que va más allá de los números en el papel: el Gobierno sigue siendo demasiado optimista con sus cálculos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la entidad independiente que vigila la salud fiscal de Colombia, volvió a encender las alarmas tras revisar los planes financieros presentados por Hacienda para este año.

El diagnóstico es claro: hay un desfase sistemático entre lo que el Gobierno dice que ganará y lo que realmente gasta. Según el análisis del Comité, entre 2022 y 2025 los ingresos fueron sobreestimados en 2,5 puntos del PIB (básicamente, el Gobierno creyó que recaudaría mucho más de lo que logró), mientras que el gasto fue subestimado en 2 puntos del PIB (gastó más de lo que había dicho). Esta brecha explosiva es la razón principal del deterioro de las cuentas públicas. Para entenderlo en términos simples: es como si usted planeara ganar 10 millones al mes, gastara 12, pero en sus cálculos personales pretendiera que ganaría 12 y gastaría solo 10. Eventualmente, la tarjeta de crédito se vuelve insostenible.

El resultado fue que en 2025 Colombia terminó con un déficit primario de 3,5% del PIB. Eso significa que gastó 3,5 puntos más de lo que recaudó como proporción de toda la economía. Para dimensionar esto: es el nivel más alto registrado en treinta años durante una época sin crisis económica severa. El gasto público sigue creciendo por encima de lo histórico, alimentado por transferencias a municipios y departamentos, pensiones, combustibles subsidiados y presiones crecientes en salud.

Lo paradójico es que el Gobierno ha celebrado una reducción en el nivel de deuda pública, que bajó de 61,3% a 58,5% del PIB. El Comité reconoce esto, pero advierte que la mejora responde a factores pasajeros: la moneda se fortaleció, el PIB nominal creció y hubo operaciones de manejo de deuda. Nada de esto refleja que las finanzas estructurales estén realmente mejor. Es como creer que está más sano porque bajó de peso durante una enfermedad, cuando en realidad solo fue deshidratación temporal.

Para 2026, el Gobierno promete reducir el déficit a 2,1% del PIB, pero aquí es donde la desconfianza crece. El Comité calcula que hay un faltante de 32,1 billones de pesos (cerca de 1,6% del PIB) para lograr esa meta, sin que el Gobierno haya explicado en detalle cómo lo hará. Si las cosas continúan como van, sin medidas correctivas reales, el déficit podría alcanzar 6,7% del PIB total, y la deuda volvería a trepar hacia 60,3% del PIB.

El mensaje final del Comité es urgente: el país necesita ajustes concretos, no promesas. Hace falta cerrar la brecha entre lo que entra y lo que sale, asegurar que se cumplan las reglas fiscales y garantizar que la deuda pública sea sostenible en el mediano plazo. Sin esos cambios, la caja volverá a deteriorarse y las presiones sobre el peso, las tasas de interés y la capacidad de inversión del país volverán más severas.