Cuando el presidente Gustavo Petro ordenó el pasado 16 de marzo liquidar todas las EPS en quiebra, dejó claro que el Gobierno está dispuesto a actuar por su cuenta. La medida llega después de que el Congreso rechazara su reforma a la salud, dejándolo sin alternativas legislativas. Aunque no menciona nombres específicos, la orden abre la puerta a que ocho entidades con serios problemas financieros sean cerradas: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud. Entre todas atienden a más de 20 millones de afiliados repartidos en todo el país.

El caso más preocupante es Nueva EPS. Esta entidad sola concentra cerca de 11 millones de pacientes (casi la mitad de los involucrados) y arrastra pérdidas por 21 billones de pesos. Para entender qué significa esto: el Estado tiene una participación del 50% en Nueva EPS, así que tendría que asumir al menos 10 billones de pesos de esa deuda con dinero de todos los colombianos. Es decir, el problema pasaría directamente del bolsillo de la EPS al bolsillo público. Además está Famisanar con 2,9 millones de afiliados y deudas de 2,3 billones, y otras regionales como Coosalud, Emssanar y Savia Salud, cada una con más de un millón y medio de usuarios.

Lo que preocupa a los analistas y gremios es dónde quedarían todos esos millones de personas si sus EPS desaparecen. Estos ocho operadores tienen presencia fuerte en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, la costa Caribe y el suroccidente del país. Reorganizar la atención de 20 millones de pacientes en un sistema que ya está quebrantado operativa y financieramente suena arriesgado. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, fue clara: "con la salud no se improvisa". Advertencia similar hizo Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, quien señaló que "no se planea su transición, se afecta gravemente a los prestadores y hospitales, y se garantiza la contundencia de la crisis".

Detrás de todo esto está un problema más profundo. La propia Corte Constitucional ha señalado que existen insuficiencias en cómo se distribuye el dinero entre las EPS (el mecanismo se llama Unidad de Pago por Capitación) y que los presupuestos máximos están atrasados. Es decir, aunque se liquiden las ocho EPS, si no se arregla el sistema de financiamiento de fondo, las demás también terminarán en problemas.

Por ahora, el Gobierno está usando esta orden como un movimiento táctico: tras perder la reforma en el Congreso, busca intervenir el sistema desde el Ejecutivo mientras prepara un nuevo proyecto para presentar el 20 de julio. Pero nadie sabe realmente cómo se ejecutaría una liquidación de este tamaño sin desmoronar la atención de millones de pacientes o gastar sumas astronómicas del presupuesto público. Lo que está en juego no es solo la salud de los colombianos, sino también la estabilidad de las finanzas nacionales.