Durante años, un edificio en Soacha funcionó como el Hotel Soacha Plaza sin que el Estado tuviera control real sobre él, a pesar de que ya le pertenecía desde 2024. El inmueble había sido incautado a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los exjefes del Cartel de Cali, a través de procesos de extinción de dominio. Sin embargo, mientras el trámite legal se finalizaba, terceros seguían lucrando ilegalmente con el predio mediante arrendamientos y subarrendamientos no autorizados.

Este caso ilustra un problema común en la recuperación de bienes del narcotráfico: la diferencia entre que algo deje de ser de los criminales en el papel y que el Estado logre controlarlo de verdad. La Sociedad de Activos Especiales, la entidad que administra estos inmuebles recuperados, detectó las anomalías y organizó un operativo de desalojo para poner orden. Aunque la SAE no reveló cuánto dinero se apropió indebidamente durante esos años de funcionamiento irregular, está claro que personas ajenas aprovechaban un bien que teóricamente era de todos los colombianos.

La extinción de dominio es el mecanismo jurídico que permite al Estado recuperar propiedades obtenidas con dinero sucio sin necesidad de una condena penal previa. En el caso de los Rodríguez Orejuela, quienes controlaron buena parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en los años noventa, este proceso tardó años. Pero ahora el edificio tiene un nuevo destino que cierra un ciclo simbólico: será entregado a la Personería municipal de Soacha para fortalecer servicios de defensa de derechos humanos y vigilancia ciudadana.

Lo que alguna vez fue un símbolo del poder económico del narcotráfico se convertirá en un espacio de protección para los ciudadanos. Para las autoridades, esta es la forma correcta de cerrar estos casos: que los activos recuperados del crimen regresen a la sociedad con un propósito que beneficie directamente a las comunidades. Sin embargo, el caso también deja una lección sobre la importancia de la vigilancia permanente: no es suficiente que una sentencia declare que algo ya no es de los criminales. El Estado necesita estar atento para que efectivamente así sea.