En Antioquia, la Sociedad de Activos Especiales sigue trabajando en la recuperación de 32 propiedades que formaban parte del patrimonio de Javier Piedrahita Sánchez, quien según las autoridades mantendría conexiones con el narcotráfico y financiamiento de estructuras paramilitares que operaban en Córdoba y Urabá. El valor total de estos inmuebles ronda los 19.500 millones de pesos.

Estos bienes se encuentran inmersos en procesos de extinción de dominio, un mecanismo legal que le permite al Estado quitarle propiedades a personas cuando se comprueba que fueron adquiridas con dinero de origen ilícito o utilizadas para actividades criminales. Un juez ordenó medidas de embargo sobre todos estos bienes para evitar que fueran vendidos, otorgando al Estado el control sobre los inmuebles mientras se adelanta la investigación.

Lo que hace más grave la situación es que, aunque estas propiedades ya estaban bajo administración estatal, la SAE detectó que seguían siendo utilizadas por personas cercanas a Piedrahita Sánchez. Según las autoridades, algunos lotes habrían sido subarrendados a familiares o allegados, lo que demuestra cómo el control sobre estos bienes no era total pese a las medidas tomadas.

El costo humano de estas investigaciones ha sido devastador. Catorce miembros del CTI han sido asesinados durante estos procesos, aparentemente por estructuras criminales que intentaban frenar las diligencias donde se vinculaba dinero del narcotráfico y el paramilitarismo. A pesar de estos obstáculos, las autoridades continúan adelante. Uno de los predios recuperados será destinado a funcionar como refugio para animales abandonados, dándole así una utilidad social a estos bienes que antes estuvieron ligados a actividades ilícitas.