La ruptura entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el Gobierno de Gustavo Petro no detendrá el proceso de transición, aunque ahora cada uno vaya por su lado. Después de que De la Espriella anunciara la suspensión total de las mesas de trabajo oficiales, su equipo dejó clara la posición: aquí nadie abandona el barco. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reunió inmediatamente a los ministros designados y coordinadores de comisiones para trazar el nuevo rumbo, asegurando que el trabajo continuará sin pausa.

La estrategia es seguir adelante de forma independiente. Restrepo explicó que el equipo persistirá con auditorías forenses, análisis técnicos y herramientas tecnológicas que han desarrollado durante estos meses para conocer el estado real de la administración pública que van a recibir. Según afirmaron la semana pasada, ya han recopilado por su cuenta el 75 por ciento de la información que necesitan. "Aquí nadie da un paso atrás. Todo el equipo del Empalme está firme para defender la Constitución, el Estado de Derecho, la legitimidad de nuestro presidente electo y la voluntad de millones de colombianos que decidieron el rumbo del país en las urnas", aseveró Restrepo. El vicepresidente dejó bien claro que la puerta para retomar el diálogo existe, pero solo cuando el Gobierno reconozca oficialmente a De la Espriella como presidente electo.

La ley protege este proceso incluso sin buenos términos. La Ley 951 de 2005 regula todo lo relativo al empalme entre gobiernos y establece obligaciones que van más allá de la buena voluntad política. Los funcionarios que se van tienen que entregar un informe de gestión detallado con un acta que reseñe el estado de asuntos, recursos y procesos bajo su responsabilidad. Los que llegan deben recibir esa documentación y verificarla en un plazo de 30 días hábiles. La norma exige que esta entrega se haga mediante un acto formal, lo que significa que aunque no sea obligatorio que ambas partes se reúnan constantemente, la ley sí señala que debe haber al menos encuentros entre cada ministerio para que se entregue la información. Entonces, aunque Petro y De la Espriella se miren por el rabillo del ojo, la institucionalidad no les permitirá ignorarse completamente.

El conflicto escaló cuando De la Espriella decidió que ya no era posible seguir en la misma mesa. Consideró que el Gobierno había traspasado una línea al desconocer oficialmente su elección. De la Espriella acusó al presidente Petro y al senador Iván Cepeda de intentar ejecutar un plan para quedarse en el poder "a través de un golpe de Estado". El presidente electo fue tajante: no podía permanecer "a la mesa con una banda de golpistas y corruptos". Aseguró que Petro ha pretendido atribuirse competencias que no le corresponden y desconocer lo que decidieron los colombianos en las urnas. Para De la Espriella, esto es apenas el capítulo más reciente de un guión que ya conoce: "El plan de Petro siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del socialismo del siglo XXI para quedarse en el poder".

Lo curioso es que después de este anuncio de ruptura, Petro temperó su tono. A través de redes sociales reconoció que respeta "al pueblo real que votó por Abelardo", aunque no hizo un reconocimiento directo del presidente electo tal como lo exige De la Espriella. Para Restrepo, fue precisamente ese desconocimiento del resultado electoral lo que hizo insostenible continuar, más allá de otros roces por llamados a la desobediencia civil.

Dentro del propio Pacto Histórico, el partido de Petro, comienzan a surgir grietas. Algunos sectores respaldan la idea de presentar demandas judiciales para buscar anular el proceso electoral, mientras otros consideran que lo democrático es respetar el resultado. El representante Heráclito Landinez dejó clara su posición antes de una reunión con bancada: en el Pacto Histórico "somos demócratas" y se debe respetar las instituciones. Sin embargo, Gabriel Becerra confirmó que respaldarán las demandas que Petro está promoviendo para cuestionar la validez de la elección, argumentando que persisten dudas sobre los escrutinios.