Lo que comenzó con el cuestionamiento sobre la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira terminó sacudiendo los cimientos de la administración Petro. Hoy, varios meses después, el escándalo de la UNGRD se parece menos a una noticia aislada y más a un álbum entero de imágenes incómodas que la justicia no deja de llenar. Exfuncionarios en la cárcel, congresistas investigados, contratos direccionados, sobornos en efectivo. Una red de corrupción que transformó una entidad creada para atender emergencias en lo que los investigadores llaman la caja menor del Gobierno.

Este jueves pasaron su primera noche en prisión Wadith Manzur y Karen Manrique, dos congresistas de la Comisión de Crédito Público señalados de haber votado a favor de iniciativas del Gobierno a cambio de contratos. Se sumaron así a un listado que crece: exministros de Hacienda e Interior, asesores presidenciales, funcionarios de la UNGRD, directores de otras entidades. Todos implicados en lo que la Fiscalía describe como un sistema organizado para entregar recursos públicos a cambio de apoyo político en el Congreso.

Entre los presos está Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, quien dirigía Interior. Ambos fueron imputados por supuestamente haber ordenado la entrega de sobornos, algunos en efectivo dentro de maletas. También está Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien según la investigación entregó dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name. Otros como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y César Manrique, exdirector de Función Pública, lograron huir del país después de ser imputados.

Dentro de la UNGRD, Olmedo López, exdirector de la entidad, decidió colaborar con la justicia tras su captura y reveló detalles de cómo operaba el reparto de sobornos. Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres, aceptó cargos y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión. Ambos se convirtieron en testigos clave contra los demás implicados. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, también ha brindado declaraciones sobre la forma en que se gestionaban los contratos.

El mecanismo parece haber sido sistemático. Durante el segundo semestre de 2023, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado ofrecimientos del Ministerio de Hacienda para cambiar sus votos. A cambio, funcionarios del Gobierno se comprometieron a impulsar contratos y obras de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar. Wadith Manzur y Karen Manrique fueron enviados a la cárcel y llamados a juicio. Otros cuatro congresistas, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera, también están siendo juzgados pero permanecen en libertad. Todos se declaran inocentes de cohecho impropio.

La posición del presidente Petro ante el escándalo ha sido inconsistente. Mientras intenta marcar distancia del caso, afirma que fue él quien lo frenó al remover a Olmedo López de la UNGRD. Sin embargo, la realidad sugiere otro punto de vista: fue la investigación periodística la que destapó la corrupción, no una acción preventiva del Gobierno. El presidente también ha sostenido que estas prácticas de repartición de contratos no nacieron en su administración, que vienen de atrás. Incluso escribió en redes sociales: "Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó. Es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo". A esto respondió el periodista Néstor Morales aclarando que el delito de cohecho no requiere que el contrato se haya ejecutado. "Basta con recibir dinero o promesa", dijo al explicar cómo tipifican los investigadores el delito.

Lo cierto es que más allá de los orígenes de estas prácticas, la justicia encontró pruebas de que ocurrieron bajo el gobierno actual. La investigación de la Corte Suprema podría extenderse a otros legisladores que participaron en las mismas discusiones. Y lo más preocupante es que este escándalo apenas está sacando a la luz una forma de operar que Colombia ha tolerado durante décadas: cómo se reparten contratos públicos, cómo se compran votos y cómo una y otra vez la corrupción logra blindarse detrás del poder.