El gobierno cobra un impuesto de 11.200 pesos colombianos por cigarrillo con la intención de desincentivar su consumo, pero la realidad ha demostrado que la medida tiene un efecto secundario problemático: ha impulsado el auge del comercio ilegal de tabaco en el país.

Ante los altos precios que genera la tributación, muchos colombianos prefieren recurrir a marcas más económicas que entran de forma clandestina. El resultado es que actualmente casi 4 de cada 10 cigarrillos que circulan en el mercado nacional son de contrabando, una cifra que refleja la magnitud que ha tomado este problema.

Una investigación liderada por Daniel Mejía y Juan Manuel Lozano ha cuantificado el impacto de esta situación en tres aspectos clave: cómo los impuestos afectan el consumo real de cigarrillos, el estado de las finanzas territoriales y la manera en que estos ingresos ilegales financian a bandas criminales. Los hallazgos revelan que los departamentos dejan de recibir aproximadamente 900 mil millones de pesos anuales porque esos cigarrillos ilegales no generan ningún tipo de tributación.

La magnitud de esta pérdida cobra mayor relevancia cuando se considera que los impuestos al tabaco representan el 13% del total de ingresos tributarios departamentales. Se trata de recursos que debería destinarse a inversión en salud, deporte y otros bienes públicos que las regiones necesitan para su desarrollo.