Mientras el Gobierno negocia su desmovilización en las mesas de Doha, el Clan del Golfo sigue creciendo como nunca antes en la historia delictiva colombiana. En tan solo cuatro años, la organización criminal se ha expandido de forma vertiginosa: pasó de tener presencia en 145 municipios en 2022 a dominar hoy 296 localidades distribuidas en 17 departamentos. Eso representa un crecimiento del 104 por ciento, según el análisis de la Fundación Ideas para la Paz.

Esta expansión acelerada no sucede por casualidad. El Clan ha reconfigurado su estrategia territorial, mejorado sus procesos internos y aprovechado huecos dejados por grupos rivales desmantelados o debilitados. Lo más inquietante es que no depende únicamente del narcotráfico. La minería ilegal genera la segunda fuente de ingresos más importante, mientras que la extorsión a comercios y el tráfico de migrantes completan un modelo financiero que funciona como una máquina bien engrasada. Para mantenerla en movimiento, la organización gasta aproximadamente 1,5 millones de dólares al mes en nómina: desde 1,5 millones de pesos mensuales para un "campanero" (un combatiente de base) hasta 17 millones para un comandante de frente.

Sin embargo, el control no es parejo en todos lados. En algunos municipios el Clan ha impuesto una gobernanza criminal casi total, mientras que en otros libra batallas constantes contra rivales. Actualmente disputa territorio en cuatro de los principales focos de violencia del país: enfrenta a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en la Sierra Nevada de Santa Marta; combate al ELN y disidencias de alias Calarcá en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño; y pelea por San Juan en Chocó y Bajo Calima en Valle del Cauca, también contra el ELN. A esto se suman enfrentamientos localizados con El Mesa en Antioquia oriental, disputas en Barranquilla contra Los Pepes y Los Costeños, choques en Sincelejo con Los Norteños y conflictos en el Magdalena central frente a Los Primos.

En Doha sucede algo distinto. Las negociaciones de paz con el Gobierno transcurren en el exterior, bajo mediación formal de Catar, Noruega, Suiza y España. A diferencia de otros grupos armados, el Clan del Golfo aceptó negociar su desarme y responder ante la justicia. Su agenda tampoco reclama reformas al Estado, sino simplemente desmantelar sus negocios ilícitos. El Gobierno decidió avanzar sin cese al fuego previo y en medio de operaciones militares activas, apostando a lo que consideró un enfoque más realista que experiencias anteriores.

En cinco meses y dos ciclos de conversaciones, se han concretado algunos acuerdos. Se identificaron 15 municipios piloto en Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar para programas de sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento institucional. También se planteó crear tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, a donde comenzarían a trasladarse combatientes gradualmente desde el 1 de marzo de 2026. El Clan se comprometió a cosas como censar y entregar menores al ICBF, no interferir en elecciones, respetar el desminado humanitario y suspender el "impuesto de guerra" en los municipios prioritarios.

Los obstáculos persisten. Hay incertidumbre jurídica sobre quién puede suspender órdenes de captura y si las zonas de ubicación temporal son legales, un asunto que ya fue demandado ante el Consejo de Estado. Estados Unidos designó al Clan como organización terrorista, y el Gobierno se comprometió a capturar a alias Chiquito Malo, lo que ha generado desconfianzas y suspensiones temporales de la mesa. Además, las bajas de mandos importantes como alias Chirimoya y Gonzalito han obligado a reconfigurar la estructura de mando, con efectos inciertos sobre la cohesión interna del grupo frente a lo negociado. La paradoja es incómoda: mientras se negocia la paz, el Clan no deja de crecer.