La alarma entre las autoridades de seguridad no disminuye. Informes de inteligencia revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación está fortaleciendo su presencia en el Atlántico mediante acuerdos con bandas locales que actúan como intermediarios logísticos para la exportación de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El modelo es característico del crimen organizado transnacional: los grandes carteles subcontratan operaciones a grupos regionales para reducir riesgos, fragmentar responsabilidades y mantenerse a distancia de la acción de la justicia.

Según los reportes, organizaciones como Los Costeños y facciones del Clan del Golfo funcionarían como "brazos operativos" encargados de acopiar, custodiar y embarcar los cargamentos. A cambio, estas bandas reciben pagos en efectivo, armamento y respaldo financiero. Lo que ofrecen es su capacidad para controlar territorios estratégicos, acceder a corredores costeros e infiltrarse en puertos marítimos. El Caribe colombiano se ha transformado así en una plataforma clave para movilizar grandes volúmenes de droga desde el país hacia afuera.

El engranaje criminal incluye la presencia de delegados extranjeros que llegan a ciudades como Barranquilla y Puerto Colombia con funciones muy específicas: verificar la pureza de la cocaína, supervisar los embarques y auditar los movimientos de dinero asociados. En enero de 2024, tres hombres con los alias de 'Diego', 'Javi' y 'Rafa Cole' fueron capturados en el Atlántico acusados de cumplir estas funciones de enlace logístico vinculadas presuntamente con el CJNG. Aunque los procesos judiciales continúan, el caso se interpretó como evidencia de una operación internacional con raíces en la región Caribe.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió hace pocos meses que una Alerta Temprana de 2023 seguía vigente respecto a la persistencia de actores criminales internacionales en el Atlántico. El documento no solo mencionaba al CJNG, sino también al Cártel de Sinaloa, el Cartel de los Balcanes y el Tren de Aragua. El departamento enfrenta un escenario complejo donde estructuras locales coexisten con organizaciones de alcance transnacional, una mezcla que introduce capital extranjero, nuevas rutas y métodos más sofisticados para traficar drogas.

La Policía Nacional y la Fiscalía han confirmado reiteradamente que el Caribe se mantiene como uno de los corredores principales para exportar cocaína. Los puertos marítimos y las embarcaciones rápidas siguen siendo modalidades recurrentes, frecuentemente combinadas con lo que llaman "contaminación de contenedores": mezclar droga ilícita dentro de cargamentos legales de exportación como carbón, productos agrícolas o manufacturas. La presión en el Pacífico ha obligado a los carteles a diversificar rutas, trasladando envíos hacia el norte del país.

Las autoridades han incrementado incautaciones en los terminales del Caribe mediante operativos coordinados con agencias internacionales como la DEA y la Europol. Sin embargo, expertos consultados coinciden en que el desafío va más allá de detener cargamentos: es fundamental rastrear el lavado de activos y desmantelar las redes financieras internacionales. Mientras avanzan las investigaciones, el Estado enfrenta un doble reto: contener la expansión de redes criminales internacionales y desmontar las estructuras locales que las facilitan. Lo que está en juego no es solo el control de rutas de drogas, sino la estabilidad de una región estratégica para el comercio legal y la seguridad nacional.