La vulnerabilidad presupuestal del Ministerio de Defensa quedó al descubierto tras confirmarse que el avión Hércules C-130 que se accidentó en Putumayo el pasado 23 de marzo carecía de una póliza de seguro activa. El hallazgo ha dejado al Estado enfrentado a una pérdida patrimonial millonaria, sin protección financiera que ayude a cubrir los costos de reparación o reposición de la aeronave.

El descubrimiento ha generado una ola de cuestionamientos en el Congreso. Los legisladores apuntan directamente hacia la administración de recursos destinados a la Fuerza Aérea Colombiana, señalando que los recortes presupuestales en partidas para seguros obligatorios dejaron a equipos de tecnología militar de alto valor completamente desprotegidos. Según fuentes oficiales, esta falta de cobertura no es un caso aislado, sino que afecta a otros activos críticos de la flota aérea nacional.

Desde el Ministerio de Defensa explican que la crisis financiera del sector los obligó a tomar decisiones difíciles: mantener la operatividad inmediata de las aeronaves priorizando gastos operacionales sobre contratos de aseguramiento. Sin embargo, expertos en aviación militar advierten que esta estrategia representa un riesgo administrativo inaceptable que compromete la capacidad de respuesta de la institución. El Hércules es una herramienta vital para misiones humanitarias y quedó inoperativo tras el incidente en la pista de Puerto Leguízamo.

Las consecuencias trascienden lo presupuestal. La pérdida de esta unidad impacta directamente la capacidad de desplegar tropas en zonas críticas del país, en un momento donde la Fuerza Aérea es fundamental para operaciones en territorios de difícil acceso. Mientras los investigadores trabajan en determinar las causas técnicas del accidente, el debate se ha trasladado al Ministerio de Hacienda, donde diversos sectores exigen una adición presupuestal urgente que permita proteger el resto de la flota aérea y evitar que otros equipos operen bajo la misma desprotección.