Abelardo de la Espriella es más que un abogado en los registros judiciales. Su trayectoria profesional se construyó no sobre los pilares de una carrera académica distinguida, sino sobre una realidad incómoda: una constante proximidad con los nombres más oscuros de la criminalidad contemporánea colombiana. Su despacho se convirtió en la puerta por donde pasaron quienes arrasaron el país con la violencia paramilitar y el desangre económico de millones.

El vínculo de De la Espriella con el paramilitarismo no fue tangencial. Cuando representó a Salvatore Mancuso, no se limitó a ejercer defensa legal: se sumergió en el mundo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), intentando blanquear ante la justicia y la opinión pública a hombres que derramaron sangre por todo el territorio nacional. Fue el puente jurídico que buscó darle legitimidad a la barbarie.

La criminalidad internacional también golpeó su puerta. El caso del presunto testaferro de la dictadura venezolana Alex Saab lo conectó con redes globales de lavado de dinero. Su participación en este asunto no fue un tropiezo: fue la confirmación de que su expertise consistía precisamente en ayudar a quienes necesitaban convertir fortunas de origen ilícito en activos que lucieran legales. Solo abandonó el caso cuando la presión del Departamento de Justicia estadounidense hizo insostenible su permanencia.

Con David Murcia Guzmán, uno de los constructores del esquema DMG que despojó de sus ahorros a miles de colombianos, De la Espriella tampoco simplemente ejerció defensa. Intentó darle un rostro respetable a la mayor operación de captación ilegal de dinero que haya visto el país, mientras familias colombianas veían evaporarse sus ahorros de toda una vida.

A lo largo de los años, su círculo de representados ha incluido figuras señaladas por vínculos con narcotráfico, corrupción política y conexiones con estructuras de poder criminal en la costa norte. Cada caso, cada cliente, cada defensa parece encajar en un patrón que va más allá de la casualidad.

Lo que genera más reflexión es la pregunta que flota sobre su carrera: ¿dónde termina la responsabilidad profesional de un abogado que ejerce su derecho a defender, y dónde comienza la complicidad de quien construye su fortuna y poder alimentándose sistemáticamente del ecosistema criminal? Su estilo de vida, financiado por los honorarios de quienes han saqueado el Estado o traficado con el miedo, pareciera ser la respuesta incómoda que pocos se atreven a pronunciar en voz alta.