El Ejército vuelve a remover personal de alto rango. Hace poco más de una semana, diez tenientes coroneles fueron llamados a calificar servicios, una figura legal que permite el retiro de militares. Estos oficiales provenían de unidades especializadas como Aviación e Ingenieros Militares, además de integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido, conocida como Fudra, que se encarga de operaciones contra organizaciones armadas ilegales.

Lo que llama la atención es el volumen de estas salidas. En lo que va de 2026, entre el 16 de marzo y el 3 de julio, el Ministerio de Defensa ha expulsado a 326 militares mediante 36 resoluciones diferentes. Para que se haga una idea, lo normal es que anualmente salgan entre 80 y 150 oficiales, nunca superando los trescientos. Esta cifra es anormalmente alta y ha generado cuestionamientos sobre cómo se están tomando estas decisiones.

Entre los nombres que se conocen está el del teniente coronel Miguel Ángel Malagón Páez, un piloto especializado en rescate y operaciones de helicóptero Black Hawk. La historia de este oficial es notable: en 2014, mientras ayudaba a evacuar a un compañero herido en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, fue víctima de un disparo que le causó graves lesiones en un brazo. Pasó por ocho cirugías y más de dos años en rehabilitación, pero logró regresar al servicio activo como piloto e incluso trabajó investigando accidentes aéreos en la institución.

Lo que preocupa a los defensores de estos oficiales es el patrón que dicen haber identificado. Enoc Salcedo Ruiz, subdirector de la firma DKS Soluciones Jurídicas que representa a varios de los retirados, señaló que "Un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción, ni tenían antecedentes, ni se despide a toda su cadena de mando, sino solo al oficial superior que tomaba las decisiones. No es una purga que ataque la cadena de corrupción".

El abogado también criticó la forma en que se aplican estas decisiones. Explicó que "en la mayoría de los casos el Ministerio de Defensa aplica la facultad discrecional que le da la ley, porque con esa figura no está obligado a sustentar el motivo del retiro, pero cuando se desata un pleito jurídico y el oficial perjudicado exige las evidencias mediante tutela o derecho de petición, tampoco las tienen".

Según fuentes militares consultadas, hay al menos tres tácticas que se estarían usando para presionar la salida de estos oficiales. La primera es asignarlos a varios cargos en cortos períodos, moviéndolos de ciudad en ciudad, lo que afecta a sus familias. La segunda es enviarlos a unidades que tienen exceso de personal, donde claramente no los necesitan. Y la tercera es retrasar sus ascensos durante más de un año, esperando que ellos mismos pidan la baja voluntaria.

Pero el Ejército rechaza estas acusaciones. La institución ha dicho que sus acciones "no son arbitrarios ni repentinos", sino que obedecen a normas legales vigentes. En un mensaje publicado en junio, el Ejército Nacional explicó que es una "institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense". También afirmó que los "ajustes en la planta de personal" son parte de la "renovación natural y planificada" de la institución y que los oficiales incluidos en las resoluciones de retiro ya habían cumplido con su tiempo de servicio.