El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las heridas más profundas del conflicto armado en Colombia. Grupos armados ilegales siguen buscando incorporar a jóvenes desde edades tempranas, ya sea por amenazas directas o aprovechando la pobreza de zonas rurales. En esta lógica, hace unos días el Ejército Nacional logró un golpe importante en el norte de Antioquia, una región que vive bajo presión constante de diferentes estructuras criminales que disputan el control territorial.

El sábado 21 de febrero, tropas del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, obtuvieron la rendición de tres integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango. Ituango es un punto estratégico en la subregión del norte antioqueño donde operan principalmente el frente 36 y el frente 18 de las disidencias, que compiten contra el Clan del Golfo y el Eln por el dominio territorial. La operación se desarrolló bajo el plan Ayacucho plus, una iniciativa de las fuerzas militares.

Los tres combatientes que se entregaron manifestaron su voluntad de abandonar las armas e ingresar a la legalidad. Durante el operativo confesaron que hacían parte de la comisión de seguridad de alias Ramiro, cabecilla de esta célula. Les decomisaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación que quedarán a disposición de la Fiscalía para los procesos judiciales correspondientes.

Pero el hallazgo más delicado salió a la luz durante los interrogatorios. Uno de los tres sometidos reveló que llevaba cuatro años vinculado a la estructura y que había sido reclutado de manera forzada cuando tenía apenas 14 años. Esa confesión encendió las alarmas sobre lo que sucedía con otros menores en poder del grupo. Los soldados lograron entonces rescatar a una menor de 14 años que también había sido reclutada recientemente por la misma estructura. Los médicos del Ejército confirmaron que la adolescente se encontraba en buen estado de salud.

La menor y los tres combatientes fueron sacados de la zona con apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía 75 Especializada, todo dentro del marco de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El operativo deja en evidencia que al menos dos menores fueron reclutados por esta estructura criminal, un recordatorio de cómo estos grupos siguen explotando a la población más vulnerable del país.