El Ejército Nacional salió al paso de las denuncias sobre minería ilegal dentro de una de sus bases militares. Confirmó lo que parecía imposible: que entre 2.000 y 2.500 mineros sin autorización operan en La Mandinga, una finca de cerca de 2.000 hectáreas ubicada en los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles en Antioquia. El predio está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales después de haber sido declarado en extinción de dominio.

La confirmación llegó después de que The New York Times documentara con imágenes aéreas, testimonios y recorridos en el terreno la operación minera en toda regla. Los periodistas capturaron maquinaria en funcionamiento, deforestación masiva y pozos activos apenas a metros de las instalaciones militares. Esto desmintió las primeras versiones de algunos mandos que negaban la presencia de mineros dentro de la base. El coronel Daniel Echeverry, entonces comandante del batallón, constató personalmente la actividad extractiva en los predios.

El Ejército asegura que desde 2022 ha alertado a la Fiscalía General y la Procuraduría sobre el daño ambiental severo e irreversible causado por esta minería. También afirma haber realizado más de 20 operativos para destruir equipos, acciones que han generado enfrentamientos violentos con los trabajadores, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de asonada contra la Fuerza Pública.

Lo que está detrás es un negocio criminal bien estructurado. Según la investigación del diario estadounidense, los mineros de La Mandinga deben pagar cuotas al Clan del Golfo, convirtiendo la extracción de oro en una fuente importante de financiamiento para esta organización armada. El flujo de recursos no solo les da capacidad operativa, sino que les permite consolidar control territorial en la región.

Más preocupante aún es que parte de ese oro extraído ilegalmente logra colarse en cadenas de suministro internacionales y llegar hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Existe desde 1985 una norma que prohíbe usar oro extranjero para fabricar lingotes, regulación que nació para evitar vínculos con violaciones de derechos humanos. Una auditoría del Departamento del Tesoro estadounidense en 2024 encontró que durante años no se verificó el origen del metal comprado, abriendo la puerta a que oro ilícito entrara a circuitos formales. Tras estos hallazgos, autoridades estadounidenses anunciaron cambios en sus procesos de compra.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó "una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia". Informó además que este año se han intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas para extracción ilegal. El Ejército reiteró que continuará con operaciones ofensivas contra grupos armados y redes criminales que financian sus estructuras a través de la minería ilegal.