Una inversión de más de 800 millones de pesos en una torre de entrenamiento antiaéreo del Ejército Nacional tiene al aire muchas preguntas. La revista Semana reveló que esta estructura, ubicada en el Fuerte Militar Tolemaida en Nilo, Cundinamarca, no solo ha rebasado su plazo de ejecución en más de dos años, sino que también ha generado sobrecostos que rompen los límites que establece la ley.

El documento interno del Ejército que fue dado a conocer deja clara la magnitud del problema. Mientras que la torre tiene un valor contable de 230 millones de pesos, se han invertido más de 800 millones en su mantenimiento. Esto representa un exceso que va mucho más allá de lo permitido legalmente. "En el marco de la revisión administrativa y financiera de los activos institucionales, se identificó que el valor contable registrado (...) es de aproximadamente $230.000.000, situación que implica que la inversión realizada en mantenimiento supera el cincuenta por ciento (50 %) del valor contable del bien registrado en dicho sistema de información", señala el documento.

La ley colombiana es clara al respecto: no se pueden hacer inversiones en mantenimiento que superen el 50 por ciento del valor del bien. En este caso, la inversión lo rebasa casi por 600 por ciento más de lo permitido. El Ejército explicó que los recursos sirvieron para reforzar la estructura y realizar obras aledañas, lo que explicaría los sobrecostos. También indicó que, dado los retrasos del contratista, el caso ya fue denunciado ante las autoridades competentes para que investiguen si hubo corrupción.

Cuando saltó la noticia, la institución respondió aclarando que la torre no está fuera de servicio, sino en fase de pruebas técnicas. Según el Ejército, a partir del 2 de julio la estructura será sometida a ensayos con cargas muertas de entre 100 y 150 kilos durante 15 días para verificar su funcionamiento, antes de ser recibida formalmente por la Escuela Militar de Suboficiales. Aseguró además que los sistemas de anclaje cuentan con certificación especializada y que los entrenamientos no se han suspendido en otras torres de la base.

El retraso de dos años en una obra que debería haber tardado ocho meses, combinado con una inversión que multiplica varias veces el valor del bien, plantea interrogantes sobre la gestión administrativa en la institución. Por ahora, el Ejército espera poder completar las pruebas técnicas en los próximos quince días para regularizar la situación.