En el Bajo Cauca se movió la maquinaria institucional. Una comisión conformada por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa llegó hasta el Batallón Rifles para revisar qué pasó con la seguridad de un predio de dos mil hectáreas que está literalmente al lado de esta unidad militar, donde opera minería ilegal a gran escala. Fotografías aéreas del New York Times visibilizaron lo que ya era un secreto a voces en la región.

El terreno conocido como La Mandinga fue administrado por la Sociedad de Activos Especiales antes de pasar al fondo de víctimas. La Fiscalía ya tenía conocimiento desde 2022, pero la situación se salió de control. Hoy hay aproximadamente 2.500 mineros informales trabajando en ese predio, sacando oro de manera clandestina y dejando un rastro de daño ambiental grave en las cercanías del río Nechí.

Lo más inquietante es que, según reportes, detrás de toda esta operación estaría el Clan del Golfo, la organización criminal que sigue moviendo hilos en la región. El Ejército ha realizado más de 20 intervenciones directas en la zona y ha destruido maquinaria utilizada en estas operaciones, pero la minería ilegal persiste.

José Luis Noreña, diputado de Antioquia, no ocultó su indignación frente a la situación. "Esto es inconcebible, como es posible que una extracción de minería ilegal esté localizada o focalizada en el Batallón Rifles, un batallón que es de las Fuerzas Militares, que es del gobierno, que es de los colombianos y al día de hoy esta extracción de minería ilegal esté localizada en este batallón", expresó el congresista.

Las preguntas obvias son las que nadie quiere contestar: ¿cómo se permitió que criminales tomaran un predio estatal al lado de una base militar? ¿Dónde estuvo el control y la vigilancia? Para buscar respuestas, en la Asamblea de Antioquia preparan una proposición que será debatida este martes para citar al comandante de la Séptima División del Ejército y que explique las fallas que permitieron que esto llegara a este punto.