Las Fuerzas Militares enfrentan una situación delicada de orden público en varios rincones del país. Estructuras criminales estarían usando un método que se repite: obligan a civiles a rodear y detener a los uniformados para impedir que continúen con sus operativos contra el narcotráfico y la minería ilegal. Esto pasó casi simultáneamente en Tolima y Nariño, dejando claro que no se trata de hechos aislados.

El incidente más reciente ocurrió en el corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco (Tolima). Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales llegaron a ejecutar una operación contra la explotación ilícita de minas, pero fueron rodeadas por un número importante de pobladores. Los militares se tuvieron que refugiar en la estación de Policía local para evitar una confrontación directa. Solo después de que la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal intervinieron como mediadoras, fue posible que dos helicópteros llegaran a evacuar a los soldados con seguridad hacia el Fuerte Militar de Tolemaida, donde fueron valorados médicamente.

Casi al mismo tiempo, en el municipio de El Rosario (Nariño), sucedió algo parecido pero más grave. La Tercera División del Ejército denuncia que dos asonadas fueron promovidas por el GAO-r Bloque Occidental Jacobo Arenas. El 5 de mayo, aproximadamente 650 personas fueron obligadas por el alias 'Boyaco' a movilizarse y atacar a los soldados en la vereda Villa Moreno. Un día después, cerca de 250 personas fueron transportadas en vehículos para bloquear nuevamente a las autoridades en La Laguna–Puerto Cumbarras. Afortunadamente, toda la tropa y el equipo militar salieron ilesos.

El Ejército subraya que estos bloqueos pretenden frenar los golpes que ha dado en la región. Recientemente destruyeron 44 artefactos explosivos y 100 detonadores, además de incautar armamento y drogas. Pero esta vez, la institución no se quedará callada.

Los departamentos jurídicos del Ejército confirmaron que instaurarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación. Los líderes e incitadores de estas asonadas enfrentarán cargos por delitos graves: secuestro por la retención de las tropas, asonada, obstrucción a la función pública, concierto para delinquir e instigación a delinquir. El Ejército dejó claro que estas acciones no quedarán sin castigo.