La periodista D'Arcy Quinn, quien informó sobre este asunto en La FM, puso en evidencia una tensión que atraviesa la justicia colombiana: el levantamiento de órdenes de captura en Antioquia ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho constitucional y ha generado inquietud a nivel internacional.

El debate central gira en torno a si la Fiscalía está obligada a hacer lo que el Gobierno le ordena. Según Quinn, juristas consultados sostienen que la Fiscalía General "no está obligada a aceptar de manera automática" las solicitudes presidenciales. La sentencia C525 de 2023 de la Corte Constitucional establece que esta decisión es una "medida excepcional y sujeta a control", lo que quiere decir que debe haber una evaluación jurídica rigurosa. Los expertos enfatizan que la fiscal tiene "capacidad de valoración jurídica propia" y debe verificar que se cumplan las condiciones legales antes de proceder. Si no hay evidencia de sometimiento o hay riesgos para las víctimas, la Fiscalía puede negarse a suspender las órdenes. En otras palabras: no es un simple ejecutor del Ejecutivo.

Desde dentro de la Fiscalía, sin embargo, presentan otra perspectiva. Argumentan que actúan conforme a la Ley de Paz Total, la normativa aprobada por el Congreso que incluye un capítulo sobre paz urbana. Según esta ley, cuando el Gobierno acredita los requisitos de los voceros de estructuras criminales, corresponde "cumplir la ley y suspender las órdenes". La Fiscalía subraya que esto no implica libertades sino un procedimiento dentro del marco legal vigente. Desde la institución afirman que "no hay manera de sustraerse de ese cumplimiento".

Lo que da un giro más preocupante al asunto es la atención que ponen las autoridades estadounidenses. Aunque ninguno de los beneficiados por el levantamiento de órdenes tiene solicitud de extradición activa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos observa el proceso con lupa. Los implicados están vinculados con narcotráfico y habrían introducido droga en territorio estadounidense, lo que configura un "delito transnacional". Fuentes cercanas no descartan una reacción de Washington, pues dudan que el gobierno estadounidense "se quede sin actuar" frente a un asunto que toca sus intereses de seguridad.

Lo que tenemos al frente es un choque de interpretaciones jurídicas. Por un lado están quienes insisten en que la Fiscalía debe mantener su independencia y no es un simple tramitador de decisiones del Ejecutivo. Por el otro, la postura institucional que sostiene que existe una obligación legal derivada de las normas vigentes. Mientras tanto, ese debate continúa abierto, con Estados Unidos observando atentamente cada movimiento.