El Ministerio de Educación Nacional cerró la puerta a cualquier cuestionamiento sobre la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar. A través de un oficio del 16 de abril de 2026, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del ministerio dejó clara su posición: Guillermo Echavarría Gil es el rector legítimo de la institución y punto final.

La decisión surgió después de establecer que el Tribunal de Garantías Electorales de la universidad no tiene autoridad para intervenir en decisiones ya consolidadas. Según el ministerio, la función de ese tribunal se limitaba a garantizar que el proceso electoral fuera regular y transparente, pero una vez cumplida esa tarea, sus facultades se agotan. "La finalidad del Tribunal de Garantías Electorales se limita a garantizar la regularidad y transparencia del proceso electoral, sin que pueda reabrir etapas ya agotadas o intervenir sobre decisiones consolidadas, como lo es la designación del rector", explicó la cartera en su comunicado.

El Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo No. 011 el mismo 9 de marzo de 2026, designando a Echavarría Gil como rector. Para el Ministerio de Educación, este acto ya es definitivo e irreversible. No hay margen para que el tribunal electoral intente modificar, anular o revisar lo que ya está hecho. El tribunal no puede seguir sesionando, deliberando ni emitiendo pronunciamientos sobre un proceso que ya terminó.

El ministerio fue enfático en sus órdenes a la Universidad Popular del Cesar. El tribunal debe abstenerse completamente de cualquier actuación relacionada con el proceso electoral. No puede intentar revisar inscripciones de candidatos ni cuestionar nada de lo que ocurrió. Como advertencia final, la cartera aclaró que incumplir estas disposiciones acarrearía multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien desobedezca.