La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa un momento crítico tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Lo que comenzó como un comentario del mandatario colombiano catalogando a Glas como "preso político" derivó en una respuesta contundente desde Quito que incluyó una protesta formal del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

La medida más drástica tomada por Ecuador fue convocar a consultas a su embajador en Colombia. Este movimiento, confirmado por Caracol Radio, es una señal diplomática clara de inconformidad que mantiene los canales abiertos pero marca una escalada significativa del conflicto. Aunque la fórmula diplomática tradicional se preserva en los comunicados, el llamado del embajador a Quito evidencia cuánto ha deteriorado la relación bilateral.

Desde la capital ecuatoriana, el Gobierno fue categórico al rechazar que Glas sea víctima de persecución política. Según el comunicado oficial, se trata de una persona condenada por la justicia ecuatoriana a través de procesos legales legítimos. Los delitos por los que fue sentenciado incluyen asociación ilícita y está enfrentando además investigaciones por peculado. Ecuador enfatizó que su sistema judicial actuó conforme a la Constitución, respetando el debido proceso y todos los derechos garantizados por el Estado de Derecho.

El Gobierno ecuatoriano fue enfático al advertir que cualquier cuestionamiento externo de sus decisiones judiciales constituye una violación del principio internacional de no intervención en asuntos internos de otros Estados. Citó normas de organismos multilaterales para respaldar este argumento, subrayando que cada país tiene derecho soberano a aplicar su propio sistema legal.

Más allá del caso específico de Glas, Ecuador aprovechó el comunicado para plantear una preocupación más amplia sobre seguridad fronteriza. Acusó a Colombia de mantener un control deficiente en la frontera, lo que según Quito ha permitido que grupos criminales transiten libremente y que el narcotráfico ingrese a territorio ecuatoriano. Esta denuncia conecta el incidente diplomático con dinámicas de seguridad regional que afectan directamente la paz interna de Ecuador.

El país vecino exigió acciones concretas de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza y combatir con mayor eficacia el tráfico de drogas, en lugar de lo que considera injerencia en asuntos judiciales internos. El comunicado oficial cerró insistiendo en que "El Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía", dejando clara la profundidad del malestar.