El conflicto que rodea la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá sigue ganando capítulos incómodos para Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol enfrenta creciente presión interna: cuatro de los nueve miembros de la junta directiva, los accionistas minoritarios y hasta el sindicato USO le piden que se vaya. La tensión fue evidente hace poco en la asamblea de la compañía, donde fue abucheado por los asistentes. Ahora, una nueva declaración amenaza su versión de los hechos.

Serafino Iacono, el inversionista dueño del apartamento en disputa, acaba de desmentir públicamente la explicación que Roa ha dado sobre cómo pagó la propiedad. En conversación con El Tiempo, Iacono fue tajante: "Los pagos que yo recibí fueron de la compañía del coronel Mancera, como le mostré a la Fiscalía. Lo que acordé con Mancera fueron 1.800 millones de pesos y eso es lo que se me pagó, del resto no sé nada más".

Roa, por su lado, insistió en una entrevista con la revista Cambio que "solo el último pago, por instrucción expresa del señor Siegmund Vallenilla, representante de Princeton, fue realizado a la empresa Innova Mercadeo y Logística SAS", empresa del expolicía Juan Guillermo Mancera. Agregó que "una solicitud de estas no es rara en esta clase negocios" y que tiene cómo comprobar toda la trazabilidad de la transacción.

El núcleo del problema es que Roa compró el apartamento muy por debajo del precio de mercado. El inmueble estaba avaluado comercialmente en 2.727 millones de pesos, pero terminó pagando 1.800 millones. La Fiscalía sostiene que Mancera actuó como intermediario y garante de un pago sin intereses, lo que constituiría un beneficio previo. Los investigadores sospechan que a cambio, Roa habría intentado favorecer a Mancera con un negocio relacionado con un proyecto energético en Hocol, filial de Ecopetrol.

Roa, imputado por tráfico de influencias el 11 de marzo pasado, se niega a renunciar. Ha argumentado que Iacono y Mancera tenían un negocio privado que él desconocía y que no ve nada de irregular en ello. Sin embargo, la contradicción directa de Iacono sobre quién pagó realmente abre un nuevo frente de incertidumbre en su defensa.

La Fiscalía tiene ahora 30 días para decidir si llama a juicio al presidente de la petrolera por este caso. Mientras tanto, Roa también enfrenta un segundo proceso judicial por presunta violación de topes de financiamiento en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue gerente, con irregularidades por más de 3.500 millones de pesos.