En poco más de un año, las fuerzas de seguridad colombianas han enfrentado una escalada inquietante de ataques aéreos. Desde 2024, se han registrado 449 atentados con drones explosivos que han cobrado la vida de 53 uniformados e incapacitado a 435 más. El Ejército ha sido el principal blanco con 402 incidentes, pero también han sufrido ataques la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Los números hablan por sí solos: en promedio, el país experimenta un ataque de este tipo cada día y medio.

El domingo pasado quedó en evidencia la capacidad operativa de estos grupos. Cuatro drones sobrevolaron repetidamente las instalaciones de Hidroituango, obligando a cancelar un acto oficial donde iban a estar el gobernador Andrés Juliián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez y directivos de EPM. Los aparatos serían atribuidos a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'. Sin embargo, lo más preocupante no es la cantidad de ataques, sino la sofisticación tecnológica que estos grupos están desarrollando.

El 11 de febrero pasado, el ELN demostró poseer capacidades que ningún grupo armado había mostrado antes en el país. Durante un ataque contra el cantón militar San Jorge, utilizaron drones guiados por fibra óptica, una tecnología que funciona de manera completamente diferente a los sistemas convencionales. Mientras los militares inicialmente creyeron que se trataba de un drone tradicional controlado por radiofrecuencia, inspecciones posteriores revelaron la presencia de cableado de fibra óptica cerca de la base. Según investigaciones técnicas, el drone fue controlado mediante un carrete de fibra que se desplegaba durante el vuelo, transmitiendo órdenes y video en tiempo real sin depender de radiofrecuencias detectables.

Lo grave es que los sistemas antidrones instalados en bases militares colombianas se basan en la detección y bloqueo de radiofrecuencias. Cuando no existe emisión de radio que interferir, estos mecanismos de defensa se vuelven completamente inútiles. Esto representa un salto tecnológico alarmante que marca un punto de inflexión en la evolución del conflicto interno. Desde 2024, los ataques han involucrado 914 artefactos explosivos improvisados adaptados a drones, según consolidados de las Fuerzas Militares.

Camilo Mendoza, analista especializado en defensa y autor del libro "Amenaza Dron. UAS y sus efectos en el conflicto colombiano", explicó a EL COLOMBIANO que el avance de la tecnología de drones en manos de grupos ilegales es "extremadamente preocupante". El primer ataque documentado ocurrió en 2018 en Barranco Minas, Guainía, cuando un drone comercial chino de marca Zaima lanzó una carga explosiva que no detonó. Desde entonces, el crecimiento de estas capacidades ha sido sostenido. "Grupos como FARC y ELN son muy fuertes actualmente, y ya están utilizando drones controlados que vuelan mediante fibra óptica. Estos drones son totalmente inmunes a los sistemas antidrones desarrollados en el país, porque no dependen de radiofrecuencia ni tienen firmas cinéticas o radar detectables. Esto les permite vulnerar sistemas de seguridad, como ya ocurrió en Arauca y otras unidades militares", afirmó Mendoza.

El experto también alertó sobre planes más ambiciosos de estos grupos. Tras la baja de Gentil Duarte el 4 de mayo de 2022 en Zulia, Venezuela, se descubrió que las organizaciones planeaban fabricar sus propios drones en la selva utilizando impresoras 3D con asesoría de personal universitario especializado. Para Mendoza, los drones representan una herramienta casi perfecta para los grupos ilegales porque permiten "reducir la exposición al riesgo, son económicos y efectivos. La facilidad de conseguirlos y la eficiencia que brindan hacen que cada vez más grupos ilegales puedan expandir sus capacidades aéreas, lo que constituye un desafío creciente para los sistemas de defensa y seguridad del país". El panorama que se dibuja no es alentador para la seguridad nacional.