Casi doce meses después de ser capturados, dos policías araucanos vuelven a casa. Los patrulleros Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron entregados este martes por militantes del ELN en el departamento de Arauca, terminando así un cautiverio que comenzó en julio del año pasado. La noticia representa un respiro para sus familias, que llevaban más de un año esperando su regreso.

La Defensoría del Pueblo confirmó inmediatamente la liberación y resaltó que estos uniformados podrán reencontrarse con sus seres queridos tras varios meses lejos del hogar. Sin embargo, el caso recuerda lo que muchos otras personas enfrentan aún en manos de grupos armados ilegales.

Lo más preocupante es que en mayo pasado, el ELN había anunciado públicamente su intención de someter a estos dos hombres a lo que llamó un "juicio revolucionario", una declaración que generó rechazo en diferentes sectores e instituciones del Estado. Afortunadamente, esa amenaza no se concretó y ambos fueron liberados.

La Defensoría no dejó pasar la oportunidad para recordar algo elemental pero que sigue siendo violado: ninguna organización armada ilegal tiene autoridad para retener personas, juzgarlas o administrar justicia. El secuestro, recalcó la entidad, es una violación directa a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El organismo también hizo un llamado urgente para que el ELN y otros grupos ilegales liberen a quienes aún mantienen cautivos, incluyendo dos funcionarios de la Fiscalía General. La persistencia de estos casos pone en evidencia una realidad que sigue golpeando varias regiones del país: la falta de seguridad y el uso del secuestro como herramienta de presión en medio del conflicto armado.