Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos vuelven a experimentar un golpe diplomático. The New York Times reportó que dos fiscalías federales en Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas contra el presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, según tres fuentes anónimas consultadas por el medio estadounidense. "Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos", detalla el reportaje. En estas pesquisas participan la DEA (agencia antidrogas estadounidense) y la HSI (agencia de investigaciones de seguridad nacional). Por ahora, las investigaciones son apenas preliminares, sin expedientes formales ni acusaciones oficiales. Reuters confirmó la situación con fuentes gubernamentales, aunque aclaró que las averiguaciones no se centran directamente en Petro, mientras que la agencia AP señaló que la DEA lo habría designado como objetivo prioritario tras ser mencionado por varios informantes confidenciales en casos contra el narcotráfico internacional.

La noticia desató reacciones divididas. El congresista republicano Carlos A. Gimenez fue uno de los más ásperos: "Desde el Congreso de Estados Unidos esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro. Le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia". En Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, opinó que "Alertas sobre la investigación de fiscales de Estados Unidos frente a presuntos nexos del presidente Petro con narcotraficantes. Esto tiene nombre propio: alias 'Calarcá'. El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal" y agregó que "El presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias 'Calarcá'".

Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington respondió rápidamente. El comunicado oficial señaló que "las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico" y que "ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal" contra Petro. El mandatario colombiano fue más directo en su defensa: "en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales". También aclaró respecto a su campaña: "siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotraficantes, porque es mi orden y mi principio personal como líder político".

Estas investigaciones llegan en un momento delicado para la diplomacia bilateral. Hace poco más de un mes, Petro y Donald Trump se reunieron en Washington en lo que la Cancillería calificó como "un éxito de la diplomacia", donde el presidente colombiano recuperó su visa, previamente cancelada. Sin embargo, las sanciones de la Lista Clinton mantienen congeladas las cuentas de Petro, su exesposa Verónica Alcócer, su hijo Nicolás Petro Burgos y su ministro del Interior, Armando Benedetti. El país tampoco fue removido de la descertificación en lucha contra el narcotráfico, dejando en firme el recorte presupuestal de ayudas estadounidenses. Esto refleja que la desconfianza de fondo persiste: en octubre pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses".

En el sistema judicial estadounidense es común que a una sanción de la Lista Clinton le siga una investigación en el Departamento de Justicia. Los informes del Tesoro afirmaron que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de 'paz total'" e incluso que "se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles". Estos señalamientos ya habían puesto en la mira a su hijo Nicolás Petro, quien fue arrestado en 2023 por lavado de activos. El documento oficial menciona que "Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares", refiriéndose a conexiones con Samuel Santander Lopesierra ("el Hombre Marlboro"), extraditado en 2003, y Gabriel Hilsaca Acosta.

Si estas investigaciones avanzan, la pregunta inevitable es quién declarará en contra del presidente. En poder de Estados Unidos hay cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles: el exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, el general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios, y el general (r) Clíver Antonio Alcalá Cordones, condenado a 21 años y seis meses por proveer armas a las Farc. Los agentes de la DEA podrían consultarles sobre Petro a cambio de beneficios legales. Otros testigos potenciales son criminales extraditados colombianos. Andrés Felipe Marín ("Pipe Tuluá"), jefe de "la Inmaculada", extraditado el mismo día de la cumbre Petro-Trump, grabó audios donde afirmaba que "nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña", refiriéndose a Juan Fernando Petro. También están Juan José Valencia Zuluaga ("Falcon"), socio del Clan del Golfo, y Jesús Berdugo Chávez ("Tánatos"), aliado del cártel de Sinaloa, ambos ahora en prisión tras ser extraditados.