El futuro judicial de seis congresistas que están en la mira por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres quedó en manos de dos abogados expertos en derecho penal. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema los designó como conjueces después de que quedara empatada la votación sobre si estos funcionarios deben ir a juicio y ser capturados. Los investigados son Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

Cuando los magistrados no logran ponerse de acuerdo, el sistema judicial obliga a traer conjueces para desempatar y que el proceso no se quede en el aire. En este caso, su voto será definitivo para determinar si el caso avanza o se detiene. Los elegidos fueron Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, abogados con trayectorias solidas en las aulas universitarias y en los juzgados.

Fonseca Alvarado es especialista en Derecho Penal por la Universidad Santo Tomás y magíster de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como litigante, asesor y consultor en temas penales y constitucionales. También fue decano de facultades de Derecho en varias universidades, donde enseñó materias relacionadas con prueba judicial y sistema penal acusatorio. Rey Córdoba, por su parte, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas con experiencia como juez penal. Ha dictado clases en universidades como Los Andes y la Javeriana de Cali, y tuvo cargos públicos importantes como viceministro de Comunicaciones y embajador alterno ante las Naciones Unidas.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que será discutida la próxima semana, pide que estos seis congresistas sean enviados a juicio por el delito de cohecho impropio, lo que significa que presuntamente recibieron dinero o beneficios a cambio de favores mientras ejercían sus funciones públicas. La investigación se centra en presuntas irregularidades en contratos realizados por la entidad de gestión del riesgo.

El expediente que los conjueces analizarán contiene más de 50 documentos recopilados por órdenes de policía judicial y al menos diez testimonios que sustentan los señalamientos contra los investigados. Con la participación de estos dos expertos, la Sala definirá en los próximos días si los congresistas avanzan a un juicio oral con la posibilidad de ser privados de la libertad, o si continúan en el proceso sin medidas que los restrinja.