Dos de los principales implicados en coordinar el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay decidieron aceptar su responsabilidad ante la justicia. A través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Elder Arteaga, alias 'Chipi', y William González, alias 'El Hermano', reconocieron su participación en la planeación y coordinación del ataque que ocurrió el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Esta decisión permitió avanzar en el proceso judicial y llevar a las respectivas condenas por el crimen.

Una juez penal especializada revisó y avaló el preacuerdo, determinando que las penas se ajustan a la legislación vigente. Como resultado, 'Chipi' fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que 'El Hermano' deberá cumplir 21 años y 9 meses de cárcel. Ambos fueron procesados por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación y tráfico agravado de armas de fuego, y ocultamiento de elementos probatorios.

Según la investigación del Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los procesados participaron en diferentes reuniones realizadas en la localidad de Bosa y otros sectores de la capital, donde se definieron las acciones para ejecutar el atentado. La Fiscalía estableció que cada uno asumió funciones específicas antes, durante y después del ataque, dentro de una estructura organizada para llevar a cabo el crimen.

El papel de 'Chipi' fue determinante en el diseño del plan criminal. Entre sus funciones estuvieron asignar tareas a los demás participantes, coordinar las actividades previas y posteriores al atentado, realizar seguimientos a la víctima y verificar el sitio del crimen. También fue quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador y supervisó directamente la ejecución de la acción criminal.

Por su parte, 'El Hermano' permaneció a bordo de un vehículo ubicado a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió el atentado. Desde ese punto facilitó la huida de varios implicados, trasladándolos hasta un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe. También vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar las acciones, con el propósito de dificultar el trabajo de las autoridades y entorpecer la investigación.

Con la aceptación de responsabilidad de ambos procesados, la justicia avanza en el esclarecimiento de uno de los casos que mayor impacto generó en el país en los últimos años. Las condenas fueron definidas dentro del preacuerdo avalado judicialmente y corresponden a los delitos imputados por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.