En un golpe judicial que sacude el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia determinó acusar a cinco congresistas y un excongresista por presunto cohecho impropio, dentro de la investigación del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión, adoptada en sesión extraordinaria, ordena que Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte cumplan medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera continuarán vinculados al proceso en libertad.

Los hechos que se investigan ocurrieron durante el segundo semestre de 2023, cuando estos legisladores hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la Corte, habrían aceptado presuntos ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de que conceptuaran favorablemente operaciones de crédito que le interesaban a esa cartera ministerial. La contraprestación, de acuerdo con la investigación, consistiría en impulsar contratos y obras de interventoría relacionadas con tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

En reuniones documentadas por la Sala, se habrían fijado montos específicos con los que representantes del Ejecutivo presuntamente beneficiarían a los congresistas para comprometer su función dentro de la comisión. El material probatorio recolectado permite concluir al alto tribunal que los procesados pudieron incurrir en el delito de cohecho impropio.

Lo que agrava la situación política es que Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelectos apenas hace días en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo. Ahora, con la medida de aseguramiento en su contra y el avance del proceso judicial, ambos congresistas podrían enfrentar la suspensión de sus funciones e incluso la eventual pérdida de su curul si las investigaciones derivan en una condena o sanciones disciplinarias.

La Corte Suprema notificará al Congreso de la República para que se proceda con la suspensión de los investigados mientras avanza el proceso. Una vez la decisión quede en firme, el expediente pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que continuará con el trámite judicial del caso.