La violencia volvió a dejar su marca en La Guajira. En menos de veinticuatro horas se registraron dos asesinatos que tensionan aún más a pobladores de dos municipios del departamento. El primero sucedió la noche del martes 7 de julio en Uribia, cuando un hombre armado llegó hasta la tienda El Tesoro, ubicada en el barrio Las Mercedes, y disparó en repetidas ocasiones contra una mujer. El segundo ocurrió madrugada del miércoles 8 de julio en Fonseca, donde acribillaron a un joven mientras se encontraba en un lugar público.

La víctima en Uribia fue identificada como Regina Gámez, quien trabajaba como cocinera en el establecimiento donde la encontraron sin vida. Según los primeros reportes, el atacante escapó después de cometer el crimen. Regina residía en el barrio Villa Fausta. El ataque generó pánico entre quienes estaban en el sector, algunos aseguran haber escuchado varias detonaciones. Cuando salieron a verificar qué sucedía, encontraron el cuerpo tendido en el pavimento. Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona, mientras que funcionarios de criminalística adelantaron la inspección técnica e iniciaron la recolección de evidencias. Hasta el momento las autoridades no han revelado quién fue el responsable ni cuál fue el móvil del homicidio.

En Fonseca, el panorama fue similar pero con otro protagonista. John Romero, un joven peluquero, fue asesinado a tiros en la urbanización Villa Hermosa, cerca de un establecimiento abierto al público. Según versiones iniciales, dos personas en motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos disparó contra Romero. Varias personas intentaron auxiliarlo y lo llevaron corriendo al hospital San Agustín, pero el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. Con esta muerte, Fonseca completa dos homicidios en los primeros días de julio y suma seis muertes violentas en lo que va del año.

Los dos casos ahora están en manos de las autoridades judiciales, que deberán revisar cámaras de seguridad, recopilar testimonios y analizar evidencias para identificar a los responsables. En ambos municipios, los habitantes demandan mayor presencia institucional y resultados que permitan conocer si estos ataques responden a circunstancias aisladas o si están conectados con dinámicas criminales más amplias en la región. La preocupación crece mientras la comunidad espera respuestas que no llegan.